deuda pendiente con las familias del autismo

 

Editorial

El incumplimiento de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un recordatorio de cómo los compromisos políticos quedan en el olvido, mientras miles de familias enfrentan un sistema que les da la espalda. La normativa, promulgada con esperanzas el 5 de junio de 2023, prometía un cambio significativo en la vida de las personas con TEA. Sin embargo, el 2024 cerró con decepción: reglamentos tardíos, recursos ausentes y una nula voluntad política que pone en evidencia el desinterés del Estado por una población vulnerable.

El retraso en la emisión del reglamento de aplicación, aprobado nueve meses después del plazo estipulado, no solo refleja una gestión ineficiente, sino también un acto de negligencia hacia quienes dependen de estas políticas para acceder a derechos básicos. Este incumplimiento afecta directamente a las familias que continúan lidiando con barreras estructurales en salud, educación y empleo.

El periodista y activista Fernando Quiroz lo ha expresado con claridad: el gobierno está violando la ley. Su llamado a la vicepresidenta Raquel Peña es un clamor para que este 2025 sea el año del cambio, un punto de inflexión donde las promesas se traduzcan en acciones concretas.

Los puntos clave de la Ley 34-23 son claros: atención integral desde el diagnóstico hasta la inserción laboral. Sin embargo, la falta de recursos, coordinación interinstitucional y voluntad política sigue dejando a miles de personas en el limbo. El Ministerio de Educación, el CONADIS, el Ministerio de Trabajo y otras instituciones tienen responsabilidades específicas que no pueden seguir ignorando.

Es urgente que el gobierno asuma su responsabilidad y garantice la implementación efectiva de la Ley 34-23. No es solo un tema legal; es un imperativo ético y humano. Las familias ya no pueden esperar. La indiferencia no solo posterga derechos, también perpetúa el desamparo de una población que merece ser atendida con dignidad.

Para este 2025, el reto está planteado: que las palabras se conviertan en hechos. Que el gobierno finalmente cumpla su deber con las personas con TEA y sus familias, devolviéndoles la esperanza y construyendo un sistema inclusivo y justo. No hacerlo sería seguir en deuda con quienes más lo necesitan.