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Procurador reacciona a cambio de medidas de coerción en caso Odebrecht y advierte continuará investigación ‘duélale a quien le duela’
Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo este domingo que no obstante respetar la decisión de los honorables jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que varió las medidas de coerción a varios de los implicados en el caso de los sobornos pagados por Odebrecht.
Dijo que espera que la medidano afecte la continuación de la investigación local, debido a maniobras que podrían realizar algunos de los involucrados, con la finalidad de obstruirla e incluso para sustraerse del debido proceso.
Rodríguez destacó que el propio tribunal de alzada valoró que los indicios presentados por el Ministerio Público son contundentes, por lo cual también negó la solicitud de otorgar libertad pura y simple a los implicados.
Muy por el contrario, agregó, a todos ellos, sin excepción, les fue mantenida algún tipo de medida de coerción, incluyendo la ratificación de la prisión preventiva a Ángel Rondón Rijo y a Víctor Díaz Rúa, lo cual, entiende, es un reconocimiento irrefutable a la calidad del trabajo investigativo realizado hasta el momento.
El procurador resaltó que por esto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, rechazó todas los objeciones presentadas por los abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el organismo de persecución penal que encabeza.
Entre esas objecciones rechazadas se incluye, destacó, lo que estimó la improcedente solicitud de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de mayo del presente año.
Rodríguez calificó de extemporáneas las motivaciones para el voto disidente de la jueza Miriam Germán Brito, en razón de que en la etapa procesal en que se encuentra este caso, que son para medidas de coerción, las evidencias obtenidas hasta el momento, son más que suficientes para dictar o mantener medidas de coerción.
«Como al efecto las dictó correctamente el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, quien mediante su resolución judicial del pasado 7 de junio, aplicó estrictamente el mandato de la norma en cuanto a la naturaleza la medida de coerción», puntualizó.
Indicó que el pronunciamiento de la magistrada Germán Brito corresponde más bien para cuando se efectúe el juicio preliminar o el juicio de fondo, no así para el actual momento procesal de investigación en desarrollo.
El procurador reiteró que duélale a quien le duela y caiga quien caiga, la Procuraduría seguirá trabajando, profundizando y ampliando la investigación local que inició el pasado 26 de diciembre.
Para esos esfuerzos, adelantó, utilizán todos los recursos que tiene a su alcance, incluyendo la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público de Brasil, así como de otras autoridades de naciones europeas y latinoamericanas.
Rodríguez también recalcó que a través de estas pesquisas ampliadas, en el país y en el extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará evidencias adicionales a las que ya posee en contra de los imputados hasta el momento.
Esas evidencias, sostuvo, se hará valer cuando llegue el momento de presentar formal acusación en contra de los mismos, recordando que para estas fue recientemente autorizado judicialmente un plazo de 8 meses.
Reafirmó que mediante esta ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en el país, garantizando que quienes sea que resulten involucrados, tal como se ha hecho y corresponde, también será puesto a disposición de la justicia.
Variación medidas de coerción
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), variaron este sábado las medidas de coerción a siete de los implicados en caso sobornos Odebrecht.
Mientras, continuarán en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo- Hombres, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón.
Según lo dispuesto por los magistrados, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González, las medidas establecidas en el artículo 226 del CPP, numerales primero, segundo y cuarto, consistentes en la presentación de una fianza ascendente a 15 millones de pesos como garantía económica; impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes por espacio de nueve meses.
Contra César Sánchez Torres, una fianza ascendente a RD$10 millones como garantía económica, impedimento de salida y la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el Pepca por nueve meses.
Máximo Leónidas De Oleo, una fianza de RD$5 millones como garantía económica, impedimento de salida y la misma presentación periódica que los demás imputados y por igual tiempo.
A Conrado Pittaluga se le varió la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario durante 9 meses.
En tanto, que a los imputados Alfredo Pacheco, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón les fueron rechazadas las solicitudes de variaciones de las medidas de coerción, por lo cual el primero permanece con impedimento de salida del país y los dos últimos seguirán presos en Najayo-Hombres.