San Juan tiene una oportunidad de oro
Por Federico A. Jovine Rijo
La deuda social de San Juan y sus bajos niveles de desarrollo humano
no se compadecen con la riqueza y productividad del territorio y la
nobleza de su gente. Lejos del centro, las periferias más lejanas
reproducen en toda su crudeza las desigualdades de una sociedad en la
que el bienestar es reflejo y consecuencia del poder.
Sus desafíos ambientales son impostergables. El conuquismo de tumba y
quema ha deforestado las cuencas altas, amenazando la sostenibilidad
hídrica; el costo de fertilizantes y el uso intensivo de pesticidas
hace que el modelo agrario sea decreciente y se sostenga en la
pauperización de su componente humano: el ciclo perverso de la pobreza
sea recrea.
Hace falta ordenamiento territorial; implementar un plan de desarrollo
económico local basado en las potencialidades y desafíos de la
provincia que vaya más allá de la siembra y cosecha; agregar valor a
sus productos; aprovechar el potencial ecoturístico y la diversidad
cultural con industrias creativas, etc.
En esa encrucijada, cuya solución no se vislumbra a corto y medio
plazo por razones presupuestarias obvias, el descubrimiento del
yacimiento de oro de El Romero, de más de tres millones de onzas,
puede que represente, más que un problema, una oportunidad de oro…
literalmente.
Hay dudas legítimas. Las prácticas mineras del pasado han dejado un
sabor amargo en otros lugares con impactos ambientales no remediados,
episodios de violencia y pocas mejoras en la calidad de vida de la
gente del entorno. Mientras, la conciencia ambiental se ha elevado y
la movilidad social se incrementa a la par que la gente recela del
cualquier proyecto minero y desconfía de un Estado que hizo mutis por
décadas, mientras cobraba regalías que no transfería a las
comunidades.
El Romero puede representar un punto de inflexión en el desarrollo
minero del país, no solo por el tipo de minería que realizaría, sino
por su propuesta voluntaria de disponer -adicional al 5% que establece
la ley para el gobierno local- un 8% de regalías a ser manejado por
los comunitarios mediante un instrumento de gobernanza basado en la
transparencia, la rendición de cuentas y las prioridades de desarrollo
provincial.
Ahora toca que el gobierno autorice la realización de un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) riguroso que determine su viabilidad y
pertinencia; que el Ministerio de Medio Ambiente haga unos TDRs
robustos, y que en su fase de formulación y evaluación puedan
participar la Academia de Ciencias, universidades y ONGs ambientales.
Oponerse al EIA es anticientífico, arbitrario, y atenta contra nuestro
marco constitucional y el Estado de derecho.
