Sin Justicia, ¿habrá paraíso?
Manuel Díaz Aponte
La credibilidad y sostenibilidad de nuestras instituciones pende del hilo que robustece el aparato judicial dominicano, el cual, muchos quisieran su quiebre definitivo, para seguir en chercha, corrupción y falta de institucionalidad.
Nunca antes el país había contado con un Ministerio Público independiente dotado de altos niveles de sagacidad y destreza en la persecución contra el crimen organizado como ocurre actualmente, adentrándose en innumerables campos investigativos de centenares de expedientes sobre casos de corrupción pública, que envuelven miles de millones de pesos contra los bolsillos de los contribuyentes.
La señal de ese ministerio ha sido bien clara al perseguir los actos dolosos de los últimos años, acumulando para ello, voluminosos expedientes de escandalosos casos de corrupción administrativa con protagonistas tan disímiles como políticos, congresistas, empresarios, sindicalistas, ex jefes militares y líderes religiosos.
La población, en cambio, ha seguido esos procesos investigativos a través de los medios comunicacionales con la mira puesta en que se haga justicia, elemento esencial para el afianzamiento del sistema democrático y fortalecimiento de las instituciones.
Un eventual “fracaso” de las acciones delineadas por la Procuraduría General de la República tendría un impacto adverso en toda la sociedad, pero debemos ponderar, sin embargo, los extraordinarios esfuerzos emprendidos por los magistrados Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
Además de alcanzar impunidad ante los hechos que se les atribuyen, ¿qué otros propósitos se esconden detrás de quienes maniobran para intentar desautorizar al Ministerio Público?
Aquellas naciones donde su estructura jurídica es sólida y los jueces asumen el rol que les corresponde sin obedecer a intereses y favores políticos o económicos, como, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica, la inversión, bienestar y desarrollo están garantizado.
Si en República Dominicana los jueces que actualmente conocen los casos de corrupción siguen torpedeando la aplicación de justicia, llegaremos a un estadio donde la misma población tendrá que hacer valer su derecho para que los ladrones de “cuello blanco” paguen por sus fechorías.
Torpedeando a la Justicia
Estaríamos reeditando, obviamente, aquellos tradicionales esquemas donde una persona que por robarse un pollo es condenado a veinte años de prisión, en cambio, con los megas ladrones de los fondos públicos nadita de nada. ¡Qué barbaridad!
La generalidad de la ciudadanía confía en la labor de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito; así como de los magistrados, Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Adjunta de la Procuraduría General de la República, y directora de Persecución y del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Sin embargo, en la aplicación de justicia como anhela la sociedad dominicana es fundamental que los demás jueces de los de los diferentes tribunales judiciales también asuman su rol, evitando favorecer a aquellos procesados por desfalcar fondos públicos.
Ahí, precisamente, se impone la juiciosa interpretación del sentir ciudadano que clama porque en el país finalicen los privilegios cuando se trata de personas acusadas de corrupción, en contraste, con los casos de la delincuencia común.
Nuestro sistema democrático se fortalece si efectivamente se cumplen las leyes, donde cada juez soberanamente haga honor al juramento que hizo ante Dios y la Patria de cumplir sin distingo con el sagrado deber de aplicar justicia.
En consecuencia, de nada vale el extraordinario esfuerzo investigativo del Ministerio Público si finalmente jueces irresponsables no cumplen con sus deberes profesionales y éticos.
El Movimiento Cívico Participación Ciudadana en un juicioso análisis sobre el comportamiento del aparato judicial en la ventilación de escandalosos casos de corrupción, ha indicado que los tribunales no están alineados en el combate de ese delito en el país.
En un balance del 2022, la entidad no partidista cita que los fallos en los casos Tucano, Los Tres Brazos, Omsa y Odebrecht, cuya mayoría de los imputados fueron absueltos, crea la imagen de que no hay interés entre algunos jueces por castigar esa problemática.
Observa, además, que este año no se han presentado nuevos casos de corrupción debido a la lentitud con que los tribunales han llevado las audiencias, “con excesivo tiempo en las posposiciones”.
En ese contexto, el coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, dijo que “las mayores energías del Ministerio Público han estado dirigidas en este año al sostenimiento de los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir a la justicia por parte de imputados que cuentan con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos”.
Nueva Jornada de Lucha
Es evidente, que tendrá que ser la movilidad social de la población, la que deberá levantar nuevamente la bandera de la lucha contra los que desfalcaron los bienes del Estado. Sólo así, predominará la justicia.
El fardo de corrupción es tan pesado que ahora se suma la monstruosidad ocurrida en el Ministerio de Educación, en la que la actual gestión busca recuperar más de RD$3,000 millones entregados en avance del 20% desde el año 2012 hasta 2020, a decenas de contratistas que no han cumplido con sus obligaciones contractuales.
En millones de documentos redactados producto de exhaustivas investigaciones, el Ministerio Público ha develado las terribles consecuencias de la corrupción rampante que predominó durante el gobierno del ex presidente Danilo Medina.
Ante la miseria que impacta a millones de dominicanos, resulta una ofensa grosera que servidores de la pasada administración estén involucrados en esos dolos.
El tema de la corrupción administrativa en la República Dominicana volverá a dominar los debates en el 2023, un año preelectoral donde los representantes de las principales fuerzas políticas buscan alcanzar el respaldo de un electorado cada día más convencido de lo perjudicial que resulta ese flagelo para sus bolsillos.
Diversas instituciones nacionales e internacionales ponderan los esfuerzos investigativos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, pero, ¿y en cuanto a los jueces……?
¿Qué juez de los tribunales del país que conocen y conocerán en el futuro casos sobre corrupción en el manejo de los bienes del Estado se atreve cruzar la línea trazada por Francisco Pizarro?, veremos.
