BAJO ESCRUTINIO: Gobierno, corrupción y justicia
Por Rolando Hernández
La corrupción pública por décadas ha gravitado de manera latente desde las diferentes esferas de poder en la República Dominicana.
Desde el retorno a la democracia a partir del año 1961 con la desaparición de la dictadura que encabezó por espacio de treinta años, Rafael Leónidas Trujillo, los dominicanos han sufrido en carne propia el flagelo de la corrupción pública, en especial la fomentada y sostenida en el área política.
Los millones de pesos y dólares del erario con que los políticos se quedan una vez abandonan sus puestos no se pueden contabilizar en el territorio dominicano.
Sin excepción, todos los gobiernos que se han distribuido el poder encabezado por los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y el más reciente aun en el poder, el Revolucionario Moderno (PRM) han sido permeados por actos de corrupción pública.
Los casos en muchas ocasiones han perimido en la justicia y en otras, permanecen por años en los archivos de los tribunales de justicia que por falta de acción judicial se decide absorber a los implicados.
Esa ha sido la norma y realidad en la que han vivido y viven muchos políticos para los cuales cometer actos de corrupción, es una cosa de niños.
Los códigos de ética y normas anticorrupción nacionales e internacionales de los que el país es signatario no han sido suficientes para impedir la corrupción en la nación dominicana donde se ha convertido en una estructura de sofisticada organización que involucra desde abogados, jueces, expertos en finanzas, asesores económicos, contables y hasta instituciones financieras.
Los políticos se han valido de todas las formas desde crear empresas, hasta asociarse con otros políticos para hacer que los dineros públicos vayan a parar a sus cuentas personales en aparentes negociaciones del Estado que se comprometieron en defender.
Sin embargo, para contener a los corruptos, en especial los políticos, el gobierno que preside Luis Abinader Corona, ha iniciado una lucha frontal con la finalidad de evitar que la corrupción pública continúe afectando a la sociedad dominicana.
Aunque el fiscal general en materia judicial dependa del presidente de la república, la administración gubernamental Abinader Corona se ha empeñado en apoyar sin reservar a la encargada de la justicia dominicana, Miriam German
Casos como “Operación Pulpo y Coral” en los que están involucrados como siempre los políticos, han sido enfrentados por la Procuradora de Justicia y un conjunto de abogados expertos en corrupción, los cuales han sido asesorados y reciben el respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un permanente aliado en materia judicial de la nación dominicana.
“Deseamos trabajar con ustedes en el avance de los esfuerzos legislativos para crear un sistema de extinción de dominio que permita a su gobierno (dominicano) recuperar los bienes y riquezas que los criminales y funcionarios corruptos han robado al Estado y al pueblo dominicano”, afirmó en encargado de negocios de la embajada estadounidense en República Dominicana, en un acto celebrado en el Palacio Nacional que contó con la presencia del presidente dominicano, Luis Abinader.
Los dominicanos quienes por momentos han perdido la fe de que la corrupción pública no tiene solución, pero que en un elevado porcentaje respaldan la lucha contra ese flagelo social, esperan que el gobierno que dirige Abinader Corona sienta las bases para que los políticos corruptos sean desterrados de la vida pública en la República Dominicana.
El autor es un periodista, educador y escritor dominicano, reside en el Estado de Nueva Jersey. Puede ser contactado en: rhernandez5@hotmail.com
