Canciller Roberto Álvarez presenta al Consejo Permanente de la OEA los riesgos que implica la construcción del canal ilegal haitiano

Presentación del canciller Roberto Álvarez

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

12 de Octubre de 2023

Embajador Ronald Sanders, Representante Permanente de Antigua y Barbuda, Presidente del Consejo Permanente,

Señor Secretario General, Luis Almagro,

Señor Secretario General Adjunto, Néstor Méndez,

Embajadoras y embajadores,

Amigos todos,

Nos vemos compelidos a presentarnos ante el Consejo Permanente para tratar un tema de extrema urgencia en nuestra relación bilateral con Haití. Deseamos iniciar reiterando que la política de República Dominicana hacia Haití está basada en el respeto mutuo, en la buena vecindad y el deseo sincero de alcanzar lo mejor para el desarrollo integral y sostenible de nuestros pueblos, actuando acorde con el derecho internacional, los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos.

En este sentido, todos los esfuerzos diplomáticos y políticos emprendidos por nuestro gobierno a lo largo de dos años ante la comunidad internacional han tenido como objetivo fundamental llamar la atención sobre la dramática situación de violencia y deterioro general que se vive en el vecino país de Haití. Somos muy conscientes de la importancia capital para nuestro Estado de la paz y estabilidad dentro del territorio con el que compartimos la isla, pero también estamos conscientes de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de ir en auxilio de una población que pide a gritos los medios necesarios para recobrar la calma y reencausarse en el camino del sosiego y la democracia.

Por eso, el diferendo actual entre nuestras naciones sobre la construcción ilegal de un canal en el río Dajabón o Masacre por parte de, aparentemente, particulares haitianos, surgido de manera abrupta en abril de 2021, en vida del fenecido presidente Jovenel Moïse, debe entenderse como un hecho lamentable por el momento extremadamente difícil que vive Haití.

Permítanme ser manifiestamente claro sobre las razones por las cuales decimos que la construcción del canal es ilegal: en primer lugar, porque el Gobierno haitiano jamás notificó oficialmente al dominicano sobre dicha obra, como establece el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 entre República Dominicana y Haití y segundo, porque nunca se nos ha proporcionado un estudio sobre su impacto ambiental.

Desde que nos enteramos de su construcción, solicitamos en repetidas ocasiones que se detuviera la obra para sentarnos a negociar sobre el interés del Gobierno haitiano, sin que nuestra posición fuera aceptada por los haitianos. A raíz del magnicidio del presidente Moïse, la construcción del canal cayó en un punto muerto, lo que no significó que nuestra posición cambiase.

Tanto antes como ahora, nuestra posición ha sido clara y constante: para que un diálogo sea propicio, es indispensable parar la construcción de la obra del canal sobre el río Dajabón, por las falencias técnicas y amenazas de daños ambientales y naturales que esta puede causar, dados nuestros análisis basados en la exigua documentación disponible.

Por eso, las dos reuniones de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana que se han llevado a cabo en 2021 y en 2023 han fracasado.

Con el deseo de mostrar más claramente la fortaleza de la posición dominicana, creo oportuno que presentemos algunos aspectos que condujeron al actual impase:

Sobre el río

El río Dajabón o Masacre nace y desemboca en República Dominicana. Su curso es de 55 km. En su recorrido llega a la frontera con Haití, y a lo largo de siete kilómetros se convierte

en uno de los límites naturales entre los dos países. Luego se adentra dos kilómetros en territorio haitiano, antes de desembocar en la costa dominicana de la bahía de Manzanillo.

El área de drenaje del río Dajabón comprende 729 km2, y de sus cuatro principales  afluentes, dos son dominicanos, mientras que otros dos, son haitianos. El río también es la fuente vital de agua del humedal Laguna Saladillo, en la provincia de Montecristi, el principal ecosistema lacustre de la zona noroeste de República Dominicana.

Pese a la evidente importancia para la zona, la cuenca del río está severamente afectada por la degradación, sobre todo del lado haitiano. Es decir, se trata de una cuenca afectada por largos períodos de estiaje y apenas ocasionales períodos de crecida.

Todos estos aspectos, incluyendo su carácter de límite fronterizo y de aguas binacionales, le dan una relevancia particular, sujeto a acuerdos vinculantes que ampara el derecho y la jurisprudencia internacional.

Inicio del conflicto

Hace poco más de dos años, en abril de 2021, el Gobierno dominicano se enteró por la denuncia de los agricultores de nuestro país, de que en Haití se construía un canal para conectar al río Dajabón, a escasos 200 metros de la frontera, justo al final del tramo de dos kilómetros en que el río entra a territorio haitiano, entre los pueblos de Dajabón y Juana Méndez.

Ese mismo mes, el día 27, enviamos una nota diplomática al Gobierno haitiano exigiéndole paralizar la construcción unilateral del canal por violar las disposiciones del artículo 10 del Tratado 1929 ya citado. Ese artículo dispone:

“En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un Estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los dos Estados, ambas Altas Partes Contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas.”

El 5 de mayo de 2021, Haití envió una nota diplomática solicitando una reunión para explicar el proyecto. República Dominicana respondió con nota del 7 de mayo, acordando una reunión en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana.

Se debe resaltar que dicha Comisión, creada en 1996 como órgano consultivo y de registro, era el espacio idóneo para facilitar las reuniones e intercambio de información entre ambos países. De ese modo, el 27 de mayo del 2021, tuvo lugar en Santo Domingo un encuentro técnico de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de esta Comisión Mixta Bilateral.

En el inicio mismo de aquella reunión, hice hincapié en las palabras introductorias sobre la posición invariable del Gobierno dominicano: Haití debía paralizar la construcción del canal. Al final de dicha sesión, la Subcomisión emitió una declaración conjunta en la que se anunció la creación de una mesa técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza. Todo esto en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de la Comisión Mixta Bilateral.

Debo aclarar que, contrario a lo expuesto por el Gobierno haitiano, en dicha declaración conjunta no se accedió en forma alguna a la construcción del canal. Los técnicos reconocieron que, de acuerdo con las explicaciones expuestas por los técnicos haitianos ese día, la obra parecía ser un canal de riego. No obstante, se mantuvo la exigencia dominicana de que esta se detuviera y se presentaran los estudios pertinentes.

Posteriormente quedó evidenciado que, contrario a lo que se mostró en la reunión citada, la obra que se construía en Haití era un canal de trasvase, que pretendía desviar el caudal del río y llevarlo a un sistema de riego a seis kilómetros de distancia, hasta una zona denominada Maribaroux.

Nuestros análisis técnicos mostraban que el canal perjudicaría gravemente el medio ambiente de ambos territorios y que también tenía el potencial de inundar: la planta binacional de capital dominicano CODEVI, ubicada a unos 200 metros de la obra y que emplea a unos 19,000 haitianos, así como a parte de la población dominicana de Dajabón y la haitiana de Ouanaminthe, durante la época de crecida del rio.

Ante esa situación y como la construcción del canal no se había detenido, anuncié tres días después de la reunión de la Subcomisión, desde el Palacio Nacional, el 31 de mayo de 2021, que República Dominicana no participaría en ninguna otra reunión mientras continuasen los trabajos del canal.

El canciller haitiano en ese momento, Claude Joseph, respondió por nota del 16 de junio de 2021 en la que defendía la posición haitiana y solicitaba la reanudación del diálogo. Le contesté el 6 de julio de 2021, mediante una extensa comunicación en la que detallaba de manera prolija, enfática y clara la posición dominicana. Esta nota proveyó el sustento técnico y jurídico en los que se basa la oposición dominicana a la construcción de ese canal. Dicha comunicación incluyó, entre otros elementos que:

No se trata de un canal de riego, como se había informado a la Subcomisión de la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo cual viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que prohíbe obras que cambien la corriente del río sin acuerdo previo.

La construcción del canal podría afectar el caudal del río Dajabón en la zona baja, perjudicando unas 880 hectáreas de terreno cultivable en territorio dominicano y unas 628 hectáreas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos por un lado y 125 agricultores haitianos por el otro lado.

Se desconocía quiénes eran los principales beneficiarios del proyecto.

Como antes señalamos, a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse, aparentemente se detuvieron los trabajos. Esto lo hemos confirmado por estas imágenes de Google Earth. La primera de agosto del 2021, la segunda de diciembre de 2022 y la tercera de mayo de 2023.

Reinicio de la obra y resurgimiento del diferendo

El 30 de agosto de 2023 nos enteramos por un informe de nuestro Ministerio de Defensa, que se habían reiniciado los trabajos en el canal. Inmediatamente me comuniqué con mi homólogo haitiano, quien me informó, cito: “El primer ministro expresa su consternación sobre lo que está pasando, enviaremos una delegación del Ministerio de Interior, es importante recalcar que no es un proyecto gubernamental”.

Entendimos entonces que la obra se reiniciaba sin el consentimiento del actual Gobierno haitiano, sino más por particulares y miembros de la oposición. Por eso, fue para nosotros motivo de sorpresa el escuchar pocos días después que el Gobierno haitiano, movido, aparentemente, por presiones que no nos quedan claras, cambiaba su posición frente a República Dominicana, apoyando el ya emblemático caso.

Actualmente, el asunto, que pudo resolverse de manera técnica y mediante el diálogo dentro de la Comisión Mixta Bilateral, se ha politizado, convirtiendo el canal en un baluarte del nacionalismo haitiano, involucrando a diversos sectores nacionales, incluyendo bandoleros armados.

Somos conscientes de que existen alternativas por explorar para satisfacer de manera adecuada las necesidades. La experiencia en el manejo conjunto de las aguas en el sur, específicamente un dique derivador sobre el río Pedernales en el Sur construido en 1978, es un ejemplo del que podemos extraer lecciones y aprendizajes; sugerencias de la cooperación para implementar de alternativas como pozos tubulares es otro ejemplo. En fin, con un toque de creatividad e innovación, se pueden lograr soluciones sólidas a nivel técnico y medioambientalmente sostenibles.

Medidas tomadas por el Gobierno dominicano

Si el Gobierno haitiano hubiese mostrado capacidad para conducir las negociaciones bajo las condiciones establecidas desde 2021, el Gobierno dominicano no se hubiese visto forzado a tomar las medidas que hoy motu propio hemos comenzado a reconsiderar.

Luego de hacer llamados para que los trabajos fueran paralizados, y habiendo transcurrido casi dos semanas sin que estos se detuvieran, el presidente Luis Abinader convocó el Consejo de Seguridad Nacional para el 11 de septiembre, el cual adoptó medidas que ya hoy son conocidas por todos ustedes.

Estas han sido medidas legítimas, que tuvo y tiene como único objetivo el abrir espacios políticos y diplomáticos para resolver este asunto en beneficio de ambos pueblos.

El 9 de octubre de 2023 anunciamos nuevas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad. Entre estas destacamos la habilitación de Corredores Comerciales Provisionales en varias provincias fronterizas para facilitar el comercio de productos dominicanos hacia Haití. También, reforzar la presencia militar en la frontera para dificultar el acceso de pandilleros haitianos y mantener el cierre migratorio de manera indefinida.

Mediación internacional

En línea con lo establecido desde 1929 ente República Dominicana y Haití, de que ante diferendos sustanciales buscaríamos la colaboración internacional de terceros imparciales, el 24 de septiembre, me reuní aquí en la ciudad de Washington, DC, con el secretario general de la OEA y su jefe de Gabinete para detallarle todo lo relacionado al canal.

A partir de esa reunión, el 26 de septiembre, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado poniéndose a disposición de los dos países para colaborar en la búsqueda de soluciones al diferendo. El 28 de septiembre, el Gobierno dominicano respondió a la Secretaría General de la OEA, reiterando la posición dominicana y solicitó al secretario general Almagro visitar el país para auscultar personalmente lo que está sucediendo e informar al Consejo Permanente.

Secretario general, presidente, le solicitamos actuar con la celeridad que exige esta conflictiva situación. Secretario general usted tiene la experiencia para emplear a fondo sus buenos oficios, asistido por los técnicos de la secretaría y ojalá también por los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Una vez más, nuestras acciones, incluyendo mi presentación ante ustedes, muestra la disposición dominicana al diálogo y al uso de las vías diplomáticas. Celebramos que las autoridades haitianas hayan aceptado la propuesta de mediación del secretario general. Reiteramos que el interés dominicano se centra en el aprovechamiento equitativo de las aguas transfronterizas, en prevenir desastres naturales y en la conservación de un ecosistema vital para un área agrícola importante. Son metas sobre las que no debería primar diferencia alguna entre vecinos.

Antes de concluir, aprovecho para recordar que, con la reciente resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU, que aprueba la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, se abre la oportunidad para restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití, pasos indispensables para la celebración de elecciones libres y para la implementación de medidas que palien la situación de pobreza, violencia e incertidumbre en que se encuentra la mayoría de la población.

República Dominicana desea reconocer la solidaridad de Kenia, Jamaica, Bahamas, Surinam, Guyana, Estados Unidos, Canadá y varios otros países que de una u otra manera han ofrecido comprometerse con esta misión.

Aprovecho para destacar el esfuerzo colectivo que hemos emprendido en el seno de la OEA para abordar la crisis multidimensional que enfrenta Haití. Vemos con simpatía el proyecto de resolución que pronto se conocerá en este mismo escenario, que no solo busca avanzar en la recomposición de la democracia en Haití y proteger los derechos humanos, sino que también aspira a trabajar de la mano con la Misión Multinacional y el Grupo de Personas Eminentes de CARICOM.

Finalmente, apelamos a todos los países que integran esta Organización a colaborar en este importante empeño para la paz y seguridad de nuestra región. Haití no puede esperar más.

Este es el momento de demostrar que la solidaridad y la acción colectiva no son solo palabras, sino principios que guían nuestro compromiso con la humanidad.

Estamos confiados en que el retorno de la normalidad en Haití significará también un afianzamiento de los lazos de amistad y cooperación entre dos pueblos hermanados por la geografía.