EDITORIAL Mientras el Gobierno espera, los niños con autismo se convierten en adultos

Los niños con autismo se están convirtiendo en adolescentes. Los adolescentes se están convirtiendo en adultos. Y mientras el tiempo avanza, miles de familias dominicanas continúan esperando una atención integral que les permita vivir con dignidad, seguridad y esperanza.

Cada año que pasa sin la aplicación efectiva de la Ley 34-23 es un año perdido para personas que no pueden recuperar el tiempo. Un niño que hoy no recibe diagnóstico temprano, terapias oportunas o apoyo educativo adecuado enfrentará mayores obstáculos mañana. Un adolescente sin acompañamiento suficiente tendrá menos oportunidades de desarrollar su autonomía. Un adulto con autismo seguirá encontrando barreras donde debería existir inclusión.

Lo más preocupante es que esta realidad ocurre en un país que ya tiene una ley y un reglamento. No estamos hablando de una promesa pendiente de aprobación ni de una propuesta en discusión. La República Dominicana cuenta desde el 5 de junio de 2023 con la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una normativa que reconoce derechos y distribuye responsabilidades entre múltiples instituciones del Estado.

Sin embargo, tres años después, las familias siguen esperando.

Esperan un presupuesto que permita ejecutar la ley. Esperan un registro nacional que identifique cuántas personas necesitan apoyo. Esperan profesionales especializados suficientes. Esperan una red de servicios accesible. Esperan mayor inclusión en las escuelas. Esperan que las terapias, evaluaciones y diagnósticos dejen de ser un privilegio reservado para quienes pueden pagarlos.

Todo esto duele.

Duele la indiferencia.

Duele la apatía.

Duele ver que tres años después de promulgada una ley concebida para proteger derechos fundamentales, miles de familias continúan esperando respuestas.

La situación resulta aún más difícil de comprender cuando se observa que el país dispone de instituciones con amplios presupuestos y estructuras administrativas llamadas a ejecutar políticas públicas. La propia ley asigna responsabilidades al CONADIS, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, INAIPI, CONANI, CONAPE, CAID, SIUBEN, Oficina Nacional de Estadística y a las entidades del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En julio de 2025, durante LA Semanal con la Prensa, el presidente Luis Abinader afirmó que la Ley 34-23 recibiría una asignación importante en el Presupuesto General del Estado para el año 2026. Sin embargo, las familias siguen preguntándose dónde están los recursos que permitan hacer realidad los derechos reconocidos por la normativa.

A ello se suma una realidad alarmante: la República Dominicana apenas cuenta con 19 psiquiatras infantiles para responder a las necesidades de miles de niños y adolescentes. Tampoco existe un registro nacional actualizado de familias con autismo que permita planificar adecuadamente los servicios y las políticas públicas.

Mientras tanto, padres y madres continúan enfrentando solos una carga económica y emocional enorme. Muchos viven con la angustia de preguntarse qué ocurrirá con sus hijos cuando ellos ya no estén. Otros sacrifican patrimonio, estabilidad financiera y calidad de vida para costear terapias, consultas y tratamientos especializados.

Resulta difícil aceptar que, en un país capaz de aprobar cuantiosos presupuestos, ejecutar grandes obras y gestionar importantes recursos financieros, todavía no exista una respuesta proporcional para una causa tan sensible y humana.

Las familias no están pidiendo privilegios.

Están reclamando derechos.

Llegó el momento de que el Estado dominicano pase de las promesas a los hechos. Llegó el momento de que las instituciones responsables rindan cuentas sobre los avances y pendientes. Llegó el momento de que la voluntad política se traduzca en acciones concretas.

Porque el tiempo sigue avanzando.

Porque los niños se convierten en adolescentes y los adolescentes en adultos.

Porque miles de familias no pueden seguir esperando.

Llegó la hora, de una vez y por todas, de cumplir la Ley de Autismo.