El Colectivo Migración y Derechos Humanos denuncia implementación de medidas que violentan derechos fundamentales en hospitales públicos
La organización plantea la necesidad de una política de regularización con procedimientos flexibles, como aseguran se ha hecho exitosamente con personas migrantes venezolanas en el país.
Santo Domingo.- El Colectivo Migración y Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante la puesta en marcha de algunas de las 15 medidas migratorias anunciadas recientemente por el Gobierno dominicano, particularmente aquellas que comenzaron a aplicarse hoy en centros de salud públicos.
Este lunes, según reportes de medios nacionales, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Dirección General de Migración iniciaron operativos en hospitales públicos con presencia de agentes migratorios en maternidades y otras áreas hospitalarias, bajo el argumento de “garantizar los servicios hospitalarios”. El Colectivo ha cuestionado la legalidad, viabilidad y humanidad de estas medidas en el comunicado: “Sobre las 15 medidas anunciadas por una política migratoria viable, humana y sostenible”.
El colectivo reconoce la necesidad de una política migratoria que ordene los flujos de personas. Sin embargo, entiende que las medidas represivas centradas en detenciones masivas, deportaciones sin debido proceso y operativos con múltiples denuncias de abusos –incluyendo agresiones sexuales, robos y separaciones familiares–, no solo violan derechos humanos, sino que tampoco ofrecen una solución duradera.
“En contraste, una política de regularización con procedimientos flexibles, como se ha hecho exitosamente con personas migrantes venezolanas en el país, permitiría dar certezas jurídicas a miles de trabajadores migrantes que ya viven en República Dominicana, aportan a su economía y conviven con la población dominicana. La regularización no es una concesión, es una herramienta de política pública eficaz, que beneficia tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto”, enfatizó la organización en un comunicado.
El colectivo subrayó que la regularización facilitaría al empresariado la contratación formal de trabajadores migrantes, lo cual permitiría garantizar el cumplimiento de la ley laboral y el acceso a la seguridad social. Esto, a su vez, contribuiría a financiar los servicios de salud a los que tienen derecho tanto los trabajadores como sus hijos e hijas.
“La solución para proteger los servicios públicos y garantizar la seguridad de los y las dominicanas no es perseguir a mujeres parturientas. La verdadera solución es poner en marcha procesos efectivos de regularización que reconozcan y formalicen los aportes que hacen las personas migrantes, permitiendo que sus empleadores aporten a la seguridad social y al sistema de salud, beneficiando tanto a ellas como a sus familias”, señaló el Colectivo Migración y Derechos Humanos.
“Ver agentes de migración dentro de un hospital público, donde una mujer está por dar a luz, es inaceptable desde cualquier mirada ética y legal. Esta no es una política que enfrente la inseguridad, ni que garantice el derecho a la salud de las y los dominicanos, es una política de miedo y castigo a las personas más vulnerables”, agregaron.
El acceso a la salud, especialmente en situaciones de emergencia como el parto, es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución dominicana y por tratados internacionales suscritos por el país. Esta política no solo contradice estos marcos legales, sino que profundiza la exclusión social y el racismo institucional, planteó la organización.
Por ello, hicieron un llamado urgente a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y comunitarias, a profesionales del derecho, la salud, y los derechos humanos a firmar y difundir el comunicado que ya ha sido respaldado por cientos de personas y colectivos.
Recordaron que la firma es un acto de solidaridad, de defensa de la dignidad humana y de exigencia de políticas públicas responsables y respetuosas de los derechos fundamentales.
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