Inseguridad de las víctimas

 

Yanira Fondeur
Promoviendo la Paz

 

En la semana pasada, en estado de desesperación la señora Luz del Alba Valle Martínez, una joven madre residente en San Francisco de Macorís, denunció la inseguridad en que vive, debido a que su ex pareja había recién salido de la cárcel y manifestó su intención de asesinarla.

La joven narraba que ya había denunciado a su agresor en dos ocasiones y que, por supuesta falta de pruebas las autoridades lo habían dejado en libertad, al tiempo que mostraba en su cuerpo las cicatrices de las heridas de arma blanca que les había infligido.

Los llantos y el estado de desesperación de la madre denunciante conmovían a cualquier alma empática y sensible, matizado porque suplicaba asistencia y protección de las autoridades policiales, específicamente al comando Regional Nordeste de la Policía Nacional, para no  ser una más de las estadísticas de los feminicidios íntimos.

Lo cierto es que, este es uno más de los muchos casos que a diario se presentan acerca de la inseguridad que sienten las mujeres cuando denuncian a los agresores, más aún cuando han ocurrido agresiones físicas que muestran la intención criminal de sus verdugos.

El mensaje que trasmitía Luz del Alba es que denunciar a los agresores provoca que cuando retornan a la libertad lo hacen con ira hacia la mujer denunciante y sintió que las autoridades  no se identificaron  con la angustia e inseguridad que con que ella y muchas  víctimas viven.

Creemos que, el sistema de justicia, entiéndanse jueces, policías y fiscales, tienen que garantizarle a las denunciantes de violencia que sus vidas, y las de sus hijos, tienen la protección necesaria durante la investigación y el proceso judicial, para con esto demostrarles   a las demás víctimas de que  si vale la pena denunciar a sus agresores.

Parecería que, los fiscales de San Francisco de Macorís no están sometiendo los agresores a los test psicológicos para evaluar el peligro que entrañan y el riesgo que corren las víctimas denunciantes.

Desde este espacio llamamos la atención a la Procuradora General de la República, la Ministra de la Mujer y al Director de la Policía Nacional para que acudan  a los llamados de las mujeres denunciantes que se sienten atemorizadas en sus vidas, a fin de crear los mecanismos para garantizarles la debida protección de ellas y sus descendientes.

En otras ocasiones nos hemos referido a las ineficaces órdenes de protección que otorgan algunos tribunales a las mujeres denunciantes, sin que hasta la fecha conozcamos de alguna iniciativa que procure solucionarlas.

Lo cierto es que en nuestro país se sienten más inseguras y vulnerables  las mujeres cuando deciden denunciar a sus agresores.

El derecho a una vida libre de violencia es innegociable y es por ello que, todos los actores del sistema involucrados en la compleja problemática de la violencia contra la mujer, específicamente policías,  jueces y fiscales  deben ser además de sensibilizados y capacitados  para poder ejercer justicia en cada caso en particular y ser más proactivos en defender las vidas e integridad de las denunciantes y sus hijos.

En el mes Internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas vale precisar que, las estadísticas de feminicidios no representan números fríos, sino vidas laceradas con hijos e hijas huérfanos así como de sueños e ilusiones de proyectos que sucumben.

Ojalá estas líneas motiven a las autoridades a investigar el caso descrito y no se mantengan negligentes ante todas las demás víctimas que merecen sentirse seguras.

Erradicar la violencia contra las mujeres ha de ser un compromiso de la sociedad en conjunto.

La autora es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia

@Yanira_Fondeur