La gestión del cambio climático en los proyectos de inversión pública

Desde mi Perspectiva

Alliett Ortega

A raíz de los últimos Huracanes Irma y María, esta semana quiero hablarles sobre la importancia de tomar en cuenta el cambio climático en los Proyectos de Inversión Pública, y aunque los mismos no impactaron directamente al país, hemos sentido su incidencia, encontrándonos con cientos de cultivos destrozados, carreteras destruidas, viviendas colapsadas, entre otros daños aun no calculados.

Por esto quiero enfatizar la importancia de los Estudios de Impacto Medio Ambiental y de Riesgos, como análisis previos a considerar antes de aprobar cualquier proyecto de carácter social, y es que en múltiples ocasiones hemos señalado que la inversión pública es la base para el desarrollo sostenible, siempre que sea pertinente y rentable socialmente, criterios que establecen la viabilidad de un proyecto de inversión social, no solo desde el aspecto costo  beneficio, sino también por el impacto de peligros medioambientales, que  en muchos casos pueden llevar a cuestionar la certeza de la viabilidad otorgada en inicio al proyecto. En nuestro país, recientemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), realizó una actualización de las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, integrando la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) como elemento obligatorio para los proyectos, a partir de la fecha de emisión en el pasado mes de julio 2017, conforme a los compromisos internacionales derivados de la Agenda de las Naciones Unidas. Estas medidas establecen que al formular un Proyecto de Inversión Pública las entidades deben llevar a cabo un diagnóstico que contemple las condiciones del clima y su comportamiento, así como un análisis del riesgo de desastres, el cual lleva a plantear un diseño técnico capaz de responder a las condiciones encontradas y que reduzca los riesgos identificados, los cuales deben incorporarse en las fase de identificación, formulación y evaluación del proyecto social.

En tal sentido, los diseñadores deberán tomar en cuenta escenarios climáticos como huracanes, crecidas de ríos, aumento del nivel del mar y las nuevas tendencias asociadas con dichos escenarios que se observan en la población como son los cambios en la zonificación agrícola y ecológica, la aparición de plagas, vectores y/o enfermedades, la desaparición de especies de flora y fauna, la extinción de manantiales, entre otros. Dichos cambios afectan la oferta y la demanda del servicio público, al igual que los beneficios que perciben los usuarios, derivando de aquí su importancia. Por tal razón sostenemos que la inversión pública, como parte del proceso de desarrollo, es el espacio donde se concreta de manera específica la reducción de las vulnerabilidades, al permitir de mejor manera afrontar las amenazas naturales o provocadas y con ello reducir la construcción y/o reducción del impacto de riesgos. Es aquí donde ser refleja la relevancia del instrumental técnico que permita ubicar en el ciclo de los proyectos, los criterios, lineamientos y orientaciones para incorporar la gestión del riesgo bajo el concepto de inversión segura, en las etapas de preinversión, ejecución y operación.

Y es que la frecuencia de los desastres naturales relacionados con el clima ha ido en incremento. En los últimos 20 años, de acuerdo a informes de la ONU, se han perdido alrededor de 30,000.00 vidas y generado más de 4 mil millones de damnificados.  Los desastres atribuidos cada año a fenómenos climáticos han sido 335 en promedio, lo que representa un 14 % más que en el decenio anterior y el doble que en el periodo 1985-1995, por lo que va en aumento progresivo.

Según el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 (GAR por sus siglas en inglés), en el caso de varios países de la región, las pérdidas por desastres son cada vez mayores y llegan a significar anualmente un porcentaje significativo de su producto interno bruto y un porcentaje aún más alto si se comparan estas pérdidas con las cifras del gasto social que realizan, llegando en algunos casos a representar entre el 30 y 50 por ciento de dicho gasto.

Por esta razón, es necesario fortalecer en el ámbito institucional, la utilización de metodologías e instrumentos de gestión del riesgo en los procesos de preinversión y de inversión pública y así mejorar su calidad, coadyuvando al desarrollo sostenible del país.

Es prioritario elevar el nivel de conciencia de la población en general y de los tomadores de decisiones en particular, sobre la necesidad de invertir más para disminuir el riesgo de desastres como parte de un modelo de desarrollo que permita alcanzar la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida y oportunidades de los dominicanos. Hasta una próxima entrega.