La Innovación en la Gestión Pública

Desde mi Perspectiva

Alliett Ortega

Esta semana en desde mi perspectiva quiero hablarles de un término reciente, y muy de moda en la administración pública, la “Innovación’’, el cual está siendo muy usado como etiqueta para presumir logros o cambios sustanciales en la gestión pública pero no todo es como parece, en muchos casos, por las ganas de sumarse a una tendencia, se confunde cualquier cambio con la verdadera innovación y, en otros, directamente se produce una suplantación sin que haya una apuesta real por la innovación.

Antes de llevar a cabo una innovación en el Sector Público, hay que dejar claro qué significa “innovación”, la cual es un cambio que supone una novedad, esta palabra procede del latín innovatĭo, -ónix que a su vez se deriva del término innovo, -are (‘hacer nuevo», «renovar»), que se forma con in- («hacia dentro») y novus («nuevo»), algunos términos que tienen un significado similar son: «reforma», «renovación» y «cambio novedoso».

Para llevar a cabo la Innovación en la administración pública  se debe de  haber evaluado antes  los posibles riesgos que puede conllevar cualquier tipo de cambio de gestión que tenga como consecuencia un cambio en la prestación de un servicio, y en qué ámbitos se va a realizar una innovación en cuanto a procedimientos administrativos, métodos de gestión, etc., si no se conceptualizara de manera clara y precisa, qué se quiere decir con “innovación en la Administración Pública” ocurrirá el problema de que ni los propios gestores públicos, ni los funcionarios sabrán qué giro habrá que dar a la Administración Pública para conseguir las 3E  (Eficiencia, Eficacia y Economía), que por otra parte, la aplicación de forma eficiente de las 3E  no es suficiente para garantizar que el cambio de rumbo en la Administración Pública sea permanente en el tiempo (Metcalfe, 1996).

Desde mi perspectiva  podemos indicar que innovar en la cosa pública es  “el resultado de traducir a valor público las  nuevas ideas”; lo cual choca con la imagen clásica de una Administración hiperburocrática; debemos de tener claro que innovar en la gestión pública no se debe convertir en aplicar directamente conceptos de la empresa privada a la gestión de lo público; ya que esta tiene como destinatarios a los ciudadanos, que son corresponsables de los bienes públicos, no a meros clientes cuyo compromiso acaba con el consumo.

Las principales diferencias que podemos citar entre lo público y privado para abordar la innovación son:

• Marco Regulatorios: El campo de actuación, y los grados de libertad para experimentar innovación pública están muy delimitados, y no permiten moverse con la agilidad, y atrevimiento de la empresa privada.
• Tiempo Electoral: El ciclo electoral, y la no continuidad de las acciones es un problema grave que afecta no solo nuestro país, sino de la región.
• Legitimidad e Inclusión Social: Cualquier iniciativa innovadora que se quiera impulsar desde la Administración debe primar este valor básico que es uno de los que justifica que exista el sector público. No basta con que los proyectos de innovación pública respeten la legalidad, sino que también deben ser legítimos políticamente, o sea, aportar valor a los destinatarios legítimos.
• Rigidez en la gestión de personas: Cuesta mucho activar mecanismos creativos para incentivar comportamientos innovadores porque el sistema de reconocimiento y recompensas de la Administración pública es extremadamente rígido, y en muchos casos inexistente. Todo está pre-establecido por ley, y tenemos un menú muy limitado (por decir algo) para premiar a los que innovan.
• Percepción del valor público como señal de éxito: Esta es una cuestión que lo complica todo. En la empresa privada las cosas van bien si el cliente compra y paga. Esa es una prueba suficiente, en principio, de que percibe un valor. En el ámbito público se mide esto a través de mecanismos de participación ciudadana, como las encuestas o las propias votaciones, pero esto no siempre es un criterio definitivo.
• Burocracia vs. Innovación: Reconocido lo anterior, una cosa es aceptar que haya más burocracia, pero otra es exagerar, las cargas administrativas en la gestión pública muchas veces son absurdas. Consumen tanto tiempo que lo/as funcionario/as viven atrapados en el círculo vicioso de los trámites urgentes, y apenas pueden dedicarse a reinventar sus formas de hacer, o sea, a innovar.

Para que se dé esta innovación, cambio o renovación de la administración pública que todos queremos ver, debe tener o llenar ciertos requisitos básicos, no sin antes volver a enfatizar que la innovación pública no puede ser igual que la privada. Ni por medios, ni por fines. Hay que evitar la tentación tan de moda de copiar dinámicas que (sólo) funcionan en las empresas privadas, porque ni los objetivos, ni las condiciones de contorno, son las mismas. Tampoco es bueno adoptar la misma narrativa, e importar la terminología de los negocios, porque el sector público tiene una naturaleza específica y es demasiado importante para que se limite a copiar acríticamente los modelos empresariales.

A veces no se entiende un razonamiento tan simple como que estamos hablando de innovación social, y no “empresarial”. No hay un fin lucrativo en la generación de valor público, ni puede haberlo, así que tendríamos que ser más creativos a la hora de repensar la innovación para que responda realmente a las expectativas de la ciudadanía, que aporte valor genuino a la sociedad  para lo que el sector público está concebido. En este sentido, procede desarrollar el concepto de innovación pública, entendido como la aplicación de ideas y prácticas novedosas en el ámbito de la gestión pública con el objetivo de generar valor social. Hasta una próxima entrega, donde seguiremos desarrollando el tema.