La transversalización de género en la agenda pública dominicana’
Desde mi Perspectiva
Alliett Ortega
Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tienen para los hombres y para las mujeres cualquier tipo de acción que se planifique, ya se trate de legislaciones, políticas o programas, en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de los individuos, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que estas puedan beneficiarse igualmente sin perpetuar la desigualdad.
La transversalización del enfoque de género no consiste en simplemente añadir un «componente femenino» ni un «componente de igualdad entre los géneros» a una actividad existente. Implica algo más que aumentar la participación de las mujeres. Significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres para sacar adelante el programa de desarrollo.
El país en los últimos años ha dado pasos importantes para avanzar en el logro de la igualdad real entre hombres y mujeres y eliminar las discriminaciones de diferentes naturalezas.
Se destacan los avances en la incorporación a su marco jurídico nacional de importantes mandatos que aseguran la igualdad entre hombres y mujeres.
Desde la década de los ochenta, el país ha ratificado numerosos tratados internacionales dirigidos a la igualdad entre hombres y mujeres, a través de la igualdad ante la ley, el respecto a la diversidad, la eliminación de las diversas formas de discriminaciones hacia las mujeres, la eliminación de la violencia en todas sus formas, la equidad de género y las autonomías de las mujeres.
En el 2010 se constitucionalizan en el país los compromisos con la igualdad real entre hombres y mujeres. En el Artículo 39 de la Constitución del 2010, se establece el Derecho a la igualdad como condición de ciudadanía, al consignar:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”.
De igual manera, se establece la responsabilidad del Estado en “Promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión.”
Posteriormente, en la Ley Orgánica 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, se adoptó el mandato de incluir el enfoque de igualdad de género (Artículo 12) en todas las políticas públicas, operacionalizado a través de leyes, planes, programas y proyectos en todos los ámbitos de actuación; que implica identificar brechas y sesgos de género, situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones necesarias para garantizar la igualdad de género.
Ahora bien al ser la política de género una estrategia transversal, corre el riesgo de ser imperceptible en las acciones que desarrollan los sectores público y privado; por ello para hacerla operativa, y es necesario prestarle atención especial, y es lo que desde el gobierno se ha estado realizando mediante la mejora de la capacidad del Estado para responder a las necesidades y expectativas de la población a través de los servicios que proporciona.
En ese sentido, han evidenciado avances en temas como el aumento de campaña, y medidas puntuales para disminuir la violencia de género o la inclusión en agenda del tan controversial tema del aborto, sino que también tenemos un sinnúmero de políticas sociales como las guarderías infantiles distribuidas en todo el país.
A estas estancias, aupiciadas por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), se suman la política de jornada extendida en las escuelas, y el énfasis en lograr mejorar el empoderamiento económico de las mujeres mediante las compras públicas, con base en estos compromisos, demuestran que la igualdad de género es parte transversal del plan de gobierno, ya que contribuye de manera importante al impulso de las economía y al desarrollo sostenible del país.
Y es que en definitiva, invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo.
Las mujeres contribuyen de manera muy significativa a las economías, ya sea en empresas, granjas, como emprendedoras o empleadas o trabajando como cuidadoras domésticas mal remuneradas muchas veces.
Es por esto que se debe continuar promoviendo la participación femenina en la fuerza laboral a través de iniciativas y políticas claras que permitan el empoderamiento económico de la mujer, ya que como país hemos dado un gran avance en este sentido. No obstante nos falta avanzar en incrementar la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo tanto a nivel público, privado como político.
Es necesario, entonces, reconocer que para promover un verdadero empoderamiento de las mujeres, que les permita ejercer la plenitud de sus posibilidades como motoras de crecimiento y desarrollo, se requiere de un cambio estructural, que reduzca las desigualdades con especial atención en las mujeres que tienen mayores niveles de vulnerabilidad, debido a su condición social, raza, étnia o tipo de empleo, por lo que aún nos queda mucho camino por andar como país.
Y es que el empoderamiento femenino no es un aspecto de “hacer sentir bien a las mujeres”, es mucho más que eso, es ‘’ Igualdad social, política y económica para una sociedad más justa, más libre, más humana entre todos y para todos, tanto hombres como mujeres. ‘’
El empoderamiento femenino tiene que ser no sólo un deber social y privado, sino también un deber público para poder llegar a todas las mujeres de forma masiva en nuestro país.
