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Las repercusiones de la ley de lavado de activos en el mercado inmobiliario en RD
“Legal Solutions in DR”
Dra. Susan Espaillat
El pasado 1 de junio del 2017 entró en vigencia la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en RD. Lavado de activos o blanqueo de capitales consiste en todas las acciones o actividades tendentes a darle apariencia de legalidad a fondos o activos de origen ilícitos, con la finalidad de entrar dichos fondos a los mercados y sectores económicos y financieros como legítimos.
En lo que respecta al mercado inmobiliario, las medidas preventivas del lavado de activos y otros delitos contemplados en la Ley 155-17 está en la restricción del uso de dinero en efectivo para la venta y traspaso de derechos sobre inmuebles, el monto máximo que se puede recibir en efectivo es de un millón de pesos. El monto restante o bien debe ser mediante préstamos bancarios o bien debe justificarse fehacientemente el origen de dichos fondos.
Esta normativa prohíbe a las constructoras, inmobiliarias y los vendedores a liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante uso de efectivo, monedas o billetes en moneda nacional o a través de metales preciosos, sin la debida transparencia de los fondos, por lo que la nueva ley limita las operaciones de ventas inmobiliarias en el país, ya que el propietario-vendedor no debería realizar dicha operación sin la justificación precisa de la forma de pago.
En ese orden, la normativa planteada, también faculta a los notarios públicos y a los registradores de títulos a que se abstengan de instrumentar o registrar cualquiera de las operaciones en efectivo, a menos que se les entregue para fines de conservación, constancia fehaciente del medio de pago.
La actual Ley 155-17 sobre lavado de activos, sanciona a quien realice operaciones en efectivo sin justificación probable de manera inmediata pues dicha operación se presumirá de una posible procedencia sospechosa de los mismos, acareando el pago de multas y sanciones penales que oscila desde los 300 mil pesos a 4 millones de pesos y prisión de hasta 40 años.
La articulista cuenta con Maestría en Derecho Empresarial y escritora del libro la Responsabilidad Penal de las Sociedades Comerciales.
Contacto: susan.espaillat@gmail.com;