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Legislador y su abuso sexual
Promoviendo la Paz
Yanira Fondeur
Hace más de una semana, el país conoció la denuncia contra un legislador de Monte Cristi, de 65 años, que mantenía relaciones sexuales con una menor de edad, cometiendo a todas luces un delito que requiere de su sanción ejemplar.
Se trata del caso de una niña, que por supuesta situación económica, debido a ser huérfana de padre y de que su madre vive en el exterior, inició una relación sentimental desde que tenía 14 años con un diputado y tras un año de la misma recibió agresiones físicas que hicieron posible el conocimiento público del caso.
Recordemos que, se considera abuso sexual a una relación sexual entre un adulto y una menor al cual le lleve más de cinco años, según el Código de Protección al Menor y en ningún caso se podrá hablar de relación consentida, por lo que el responsable deberá ser juzgado.
En el caso que ocupa nuestra atención, el legislador reaccionó y se defendió diciendo que creía que su pareja, según su cuenta de Facebook, tenía 20 años y que no podía identificar su edad por no tener acta de nacimiento, además de que él recibió varios aruñazos de parte de ella y lo dio a conocer para hacerle daño como figura pública, excusas que no tienen justificación ni validez.
Su partido político, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), preocupado por la lluvia de críticas sobre la conducta de su diputado, accionó enseguida enviando una comunicación del caso a su Comisión Nacional de Ética y Control, sin que hasta la fecha no se haya dado ninguna respuesta pública ante un hecho tan bochornoso y una servidora, como ciudadana preocupada por las injusticias, los delitos y abusos contra las niñas y mujeres, pregunto a las autoridades: ¿Y la justicia para cuándo?
Y cuestiono: ¿Qué tan poderoso es un diputado en nuestro país para estar por encima de las leyes?, ¿Cuál es el nivel de conciencia que tenemos como nación, a la hora de votar por un representante del pueblo que debe contar con ética y moral?
También me inquieta saber: ¿Qué tantas deudas tiene con el legislador su partido, el Ministerio Público y la Cámara de Diputados para no someterlo a la justicia ni a su órgano para imponerle la sanción merecida?, ¿Qué asistencia psicológica y física han previsto las autoridades a esa menor en ocasión de los daños recibidos?, ¿Debemos normalizar estas conductas y no denunciar sus ocurrencias?
No cabe duda que, resulta más que necesario prevenir el maltrato y abuso sexual empoderando a las niñas y jóvenes de sus derechos, elevándoles su autoestima y exhortándolas a mantener una red de apoyo que silenciar los casos.
Promovamos justicia social y elevemos nuestra voz a favor de que se sancionen hechos delictuosos como éste, que sirvan de referencia para el futuro.
El peso de la ley debe ser igual para todos, si deseamos vivir en paz y armonía como merecemos.
La autora es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia.