Atinada decisión prohibir el matrimonio infantil
Promoviendo la Paz
Yanira Fondeur
Ha sido una decisión atinada, objetiva y necesaria de la Cámara de Diputados al aprobar la modificación del Código Civil que eleva a 18 años la edad mínima, sin excepción, para contraer matrimonio.
Resulta inaceptable y alarmante que República Dominicana ocupe, junto a Nicaragua, el primer lugar en América Latina con más niñas o adolescentes unidas o casadas en forma forzada, según datos estadísticos del estudio realizado por Plan Internacional.
Según la investigación, 1 de cada 5 adolescente, entre 15 y 19 años, está casada o unida a un hombre diez años mayor, asociando la grave problemática social a la violencia que viven en el seno familiar, a los embarazos no deseados y la idea de poderse liberar de la dependencia de los progenitores, soñando, en muchos casos, con contar con más apoyo económico.
Felicitamos la campaña en defensa de los derechos de las niñas y adolescentes, que con perseverancia y vocación de servicio asumió Plan Internacional y las 32 organizaciones agrupadas en la Coalición ONG para la infancia, a fin de hacer posible ese avance legislativo, que sin lugar a dudas constituye una garantía a la protección y derechos de este importante segmento poblacional de nuestro país.
En las uniones infantiles forzadas por lo general se evidencia y resulta la violencia, ya que los agresores buscan cada vez más dominar y controlar a una niña o adolescente, creando en ella un estado de ansiedad, miedo, vergüenza, aislamiento y en el más grave de los casos un feminicidio o suicidio.
Como referencia citamos la consternación e indignación que produjo en noviembre de 2016, en el distrito municipal de Monte la Jagua en Moca, el suicidio de Daniela Lantigua, de 14 años, casada desde hacía dos años con un hombre de 29 y la cual dejó una nota que decía “A veces hay que tomar una decisión que tranquiliza el corazón”.
Basamos nuestro rechazo al matrimonio infantil, aún consentido por los padres, en el argumento de que la familia como núcleo esencial de la sociedad requiere del consenso con madurez, sentido de responsabilidad y compromiso, para sostenerse en el tiempo y contribuir en forma equilibrada y justa a la formación integral de hijos e hijas, que les permita desarrollar conductas psicosociales estables.
Ahora resta esperar que también el Senado de la República lo apruebe y quede erradicada esta práctica, que lejos de proporcionar convivencia pacífica a las niñas y adolescentes, les genera conflictos adversos a su sano y óptimo desarrollo.
La autora es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia.
