Por una cultura de paz

Promoviendo la paz

Yanira Fondeur

La grave problemática de la violencia contra las mujeres debe ser considerada un tema de interés nacional e involucrar a todos los sectores en la lucha para su erradicación.

Todos y todas estamos conteste en que los derechos humanos son determinantes en el desarrollo de una sociedad justa. Sin embargo, en pleno siglo XXI las mujeres seguimos siendo vistas como objetos y no como sujetos de derechos. Es por eso que a pesar de los convenios internacionales, de los esfuerzos encaminados y de los avances logrados, en nuestro país y en el resto del mundo las mujeres y niñas seguimos siendo víctimas de los diferentes tipos de violencia.

Necesitamos una transformación cultural, iniciándose por educar hacia la igualdad desde el nivel inicial, desaprendiendo esos roles perpetuados por generaciones que continúan fomentando la subordinación de las mujeres y estigmatizándolas como propiedad de otras personas u objetos de bellezas para la comercialización.

Bien sabemos que la violencia hacia las mujeres no sólo impacta a la víctima, su familia y la comunidad, sino al país, porque los costos que implica en materia de salud, servicios jurídicos y de productividad constituyen un obstáculo para el desarrollo.

El alto índice de feminicidios en nuestra nación nos coloca entre los países de mayor violencia en Latinoamérica, pero es importante señalar que las estadísticas no se limitan a colocar un número en la opinión pública, tenemos que profundizar en los patrones encontrados en ellas para poder definir políticas públicas eficientes e integrales.

Las estadísticas reflejan que el hogar sigue siendo el lugar más vulnerable para las víctimas de violencia de género, quienes en su mayoría son menores de 35 años, asesinadas usualmente por sus parejas o ex parejas con armas de fuego o blanca y en la región norte del país es donde más se registran.

Demandamos que la educación sea el sostén de la prevención, determinante para erradicar este grave problema social, de derechos humanos y de salud pública, que requiere especialmente de la voluntad del Estado, aportando además de los recursos necesarios para campañas sistemáticas de concienciación, unificando los protocolos de atención, aplicando la ley integral y permitiendo la participación de la sociedad civil, que debe mantenerse vigilante, porque en definitiva todos y todas merecemos una vida libre de violencia.

La autora es presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia                                                               

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