Por una justa revisión del proyecto del Código Penal

 

Insistimos en que educar no es maltratar y es por ello que les corresponde a los diputados revisar minuciosamente cada artículo aprobado, para que los actos de violencia no queden en la impunidad.

 

Yanira Fondeur

Promoviendo la Paz

 

Si bien es cierto que, la sociedad dominicana merece un Código Penal moderno, ya que el vigente data de 1884, es decir hace 140 años, no menos cierto es que el mismo debe sustentarse en la razonabilidad, la justicia y la equidad, respetando y hacer valer los derechos humanos de los segmentos más vulnerables, entre estos las mujeres y los infantes.

Reconocemos que en el seno familiar es donde se enseña a normalizar las acciones violentas, dado el ejemplo que brindan día a día los progenitores o tutores.

En ese sentido, consideramos que el artículo 123 del proyecto del Código Penal aprobado en dos lecturas por los senadores debe revisarse con sensatez y objetividad, en vista de que no consideramos correcto condicionar la imposición de una sanción a la violencia sólo cuando esta sea un patrón recurrente, dejando así abierta la posibilidad de que sigan siendo maltratados bajo el argumento de que es por el bien de su educación.

Recordamos investigaciones realizadas en el país que establecen la triste realidad de que en el 64 por ciento de los hogares siguen educando bajo malos tratos, en cambio, lo que necesitamos cada vez más es proteger y educar eficazmente a los infantes a través de una crianza respetuosa, con límites claros, escucha activa y valores morales.

Insistimos en que educar no es maltratar y es por ello que les corresponde a los diputados revisar minuciosamente cada artículo aprobado, para que los actos de violencia no queden en la impunidad.

Con cierta regularidad los medios de comunicación nos revelan casos de niños que son amarrados, golpeados, que se le castiga poniéndoles block en la cabeza, les queman las manitos para supuestamente enseñarles a ser honrados y ni hablar de toda la violencia verbal que reciben de sus familias, etiquetándolos con palabras que les denigran, todo lo cual les reduce su autoestima y los convierte en seres más vulnerables.

Una investigación cualitativa que realizó la reconocida antropóloga Tahira Vargas a la Fundación Vida Sin Violencia reveló que los huerfanos de los feminicidios íntimos además de sufrir el dolor de perder a sus progenitores, seguían siendo educados bajo violencia en el seno de las familias cuidadoras y en los centros educativos.

Si queremos aunar esfuerzos para fomentar una sociedad cimentada en convivencia pacífica, lo correcto es respetar y propiciar el derecho constitucional de crear las condiciones de una vida libre de todo tipo de malos tratos, por lo que bajo ninguna circunstancia debe justificarse la violencia, mucho menos en una ley.

Que se tipifique el término de feminicidio y se sancione cuando el agresor utilice el ácido del diablo constituyen medidas justas, pero es inaceptable desconocer como un delito la violación por sus parejas, cuando ellas no consientan tener relaciones sexuales, lo cual constituye una flagrante ignorancia y agresión a sus derechos.

Forzar, abusar, deshonrar y no respetar la decisión de las mujeres sólo por complacer la voluntad de su pareja tampoco tiene justificación y los diputados han de estar sensibilizados sobre este aspecto para aprobar un código que sí represente el derecho de la población femenina a vivir libre de violencia.

Otro aspecto a mencionar es el de elevar las penas de 30 a 40 años, lo que no considero que sea una acción que contribuya a disminuir los feminicidios, en cambio considero conveniente fortalecer la ejecución de la orden de protección y promover la educación en igualdad de derechos y valores.

La violencia es una conducta aprendida y es a través de la educación constante que podremos lograr cambios de creencias, actitudes y comportamientos, sobre todo sensibilizando con programas educativos desde la primera infancia para saber identificar y gestionar adecuadamente las emociones.

La sociedad en su conjunto desea un nuevo código penal que responda a los reclamos justos de los derechos de la niñez y las mujeres, que sea un instrumento garante de justicia y paz.

 

La autora es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia

@Yanira_Fondeur