Presidente ADP alerta nuevo Código Penal amenaza contra el derecho constitucional a las protestas

Santo Domingo. –El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, consideró como amenaza a los derechos democráticos fundamentales de los dominicanos, la prohibición a las protestas, que contempla el nuevo Código Penal que se discute en el Congreso Nacional.

«Es indignante la manera en que se pretende castigar a quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta», afirmó Hidalgo al referirse al tema en medio del intenso debate legislativo sobre la aprobación de la pieza legislativa.

De igual manera el dirigente magisterial explicó artículo 332 y 333 del nuevo Código Penal, criminaliza actos que son reconocidos como formas legítimas de expresión ciudadana en una democracia y limitan severamente la libre expresión y el derecho a huelga pacífica de los sindicatos y organizaciones, derechos establecidos en la Constitución dominicana.

Además, el artículo 333 contempla penas más severas, a saber: De cuatro a diez años de prisión para aquellos que organicen o participen en reuniones o manifestaciones contra las autoridades.

Eduardo Hidalgo argumentó que “estas disposiciones no solo representan un retroceso alarmante en términos de libertades civiles y derechos humanos, sino que también contradicen los principios fundamentales de una nación democrática donde la protesta pacífica y la manifestación son pilares esenciales de la expresión social”.

«El Congreso Nacional debe actuar con responsabilidad y sensibilidad hacia las críticas fundamentadas por diversos sectores de la sociedad civil. Es imperativo que cualquier legislación nueva no solo proteja el orden público, sino que también salvaguarde los derechos constitucionales de todos los ciudadanos dominicanos», enfatizó El presidente de la ADP.

Eduardo Hidalgo instó a los legisladores a considerar cuidadosamente las implicaciones de estas medidas en el marco de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna del país, al referirse a la aprobación del Código Penal.