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Privilegios peligrosos, el costo de una visita conyugal

Yanira Fondeur
Promoviendo la Paz
¿Sabías qué tienen en común Nairobi King, Casandra Castillo y María del Carmen
Henríquez? Las tres tenían menos de 25 años y fueron asesinadas durante visitas
conyugales a sus parejas en prisión. Sus agresores cumplían condenas por homicidios
en dos casos y de múltiples delitos sexuales en otro.
Amables lectores, es inaceptable que, como sociedad, sigamos normalizando y
justificando estos crímenes dentro de los recintos penitenciarios. Es indignante que el
personal de seguridad descubra estos feminicidios sólo al momento del conteo de la
visita.
Ha pasado una semana del asesinato de Nairobi King, en la Fortaleza de Santa
Bárbara de Samaná, y las autoridades apenas han anunciado que investigarán si hubo
negligencia para aplicar sanciones. ¿Eso es suficiente?
Nos preguntamos ¿Como es posible que se concedan visitas conyugales a reclusos
acusados de homicidio, sin una evaluación psicológica previa?, ¿Por qué se le permite
este privilegio sin comprobar si han cumplido normas de comportamiento dentro de la
cárcel?
En el caso de Nairobi King, su familia advirtió que no acudiera, pues él le había
enviado un mensaje diciéndole que le tenía “una sorpresa”, acompañado de un video
de ella en un lugar de diversión.
¿Cómo es posible que los reclusos sigan fabricando armas dentro de la cárcel,
utilizando celulares sin restricciones, mientras todo se considere normal?, ¿Cuánto
tiempo más tendremos que esperar para que se tomen acciones reales de control?
El 15 de enero de 2024 Casandra Castillo, de 24 años y madre de una niña de seis
años, también fue asesinada en la Fortaleza de la Vega, pese a que había sido
amenazada de muerte. En mayo de 2014 en la cárcel de la Victoria, con sólo 22 años,
fue estrangulada en una visita conyugal María del Carmen Henríquez por su pareja,
acusado de violar a más de quince mujeres.
Para garantizar la protección a las mujeres, las autoridades deben:
Negar las visitas íntimas cuando existan amenazas o antecedentes de
violencia.
Reforzar la presencia de un personal de seguridad capacitado en violencia de
género.
Implementar programas obligatorios de reeducación de masculinidades
respetuosas.
Aplicar sanciones severas a las autoridades negligentes en estos casos.
El derecho de las mujeres a la vida y a la seguridad no puede depender de un sistema
que permite que la violencia se repita.
Cada una de las tragedias deja huérfanos, destruye familias y viola el derecho
fundamental de las mujeres a vivir en paz y libre de violencia.
La autora es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia
@Yanira_Fondeur