Procuradora general resalta necesidad de fomentar acuerdos penales en la administración de justicia

Santo Domingo.- La procuradora general Yeni Berenice Reynoso resaltó la necesidad de fomentar los acuerdos penales por las ventajas procesales que representan para la administración de justicia, ya que, sin dejar de establecer responsabilidades a la persona física o jurídica procesada, permiten la reparación de daños a las víctimas y al propio Estado, al que además ahorran recursos en el procesamiento y la litigación.

“La realidad es que el tema de los acuerdos y las soluciones alternas, en el caso nuestro, no es nuevo; es un tema que trabajamos desde la Fiscalía del Distrito. Prácticamente, esa es una política que asumimos a partir del año 2013, y que llegó, en un momento, en la Fiscalía del Distrito, a acordarse hasta un 40 % de los casos”, expresó Reynoso.

La procuradora se refirió al tema al participar, junto al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín Santos, en un encuentro con periodistas y comunicadores encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.

En la actividad, celebrada en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, estuvieron presentes los jueces Fran Soto, Esmirna Gisselle Méndez y Francisco Ortega Polanco.

Reynoso recordó que los casos acordados en la Fiscalía del Distrito durante su gestión quizá trascendían poco porque carecían de sonoridad mediática, pero que como fiscal litigante siempre ha entendido la necesidad de los acuerdos en materia penal, por formación académica y por su visión de persecución penal estratégica.

“Cuando los plazos se extienden, hay un imputado esperando una decisión, a veces privado de libertad, y eso es una realidad; también hay una víctima que espera esa decisión”, dijo.

“También —añadió— hay un grupo de fiscales que tienen que subir a audiencias y durar cuatro o cinco años esperando una decisión, y una sociedad que tiene un derecho legítimo a una respuesta.”

Indicó que no se atreve a decir que con la prolongación de un proceso penal nadie gana, “porque a veces sí hay alguien que tiene como estrategia que el caso no se conozca en un plazo razonable”.

La procuradora lamentó que algunos sectores analicen el tema de los acuerdos dentro del proceso penal como si se tratara de una realidad nueva, cuando en realidad en el país se remonta al año 2004, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (Ley 76-02, del 19 de julio de 2002), promulgada hace ya más de 23 años.

“Entonces, no es nuevo. Hay figuras procesales que el legislador ha puesto en la norma”, resaltó.

Hizo una reflexión sobre otros países, como Estados Unidos, donde existen muchos acuerdos que son sellados hasta por una década o más.

“Por razones de seguridad, el tribunal dispone que este acuerdo va a ser sellado por los próximos dos, tres, cuatro, cinco o diez años, y sanciona a cualquiera de las partes que lo haga público, porque entiende que podría haber riesgos si se difunde. Y la sociedad no lo cuestiona. En cambio, en República Dominicana todos los acuerdos son públicos”, explicó.

Reynoso destacó que la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Defensa Pública vienen trabajando de manera conjunta el tema, impulsado desde la Mesa Interinstitucional creada en septiembre de 2024, e indicó que también se promoverá su inclusión en las universidades.

“Nuestros estudiantes de Derecho prácticamente no ven el tema de las soluciones alternas. Nos formamos en escuelas donde el centro de la enseñanza es el litigio: que hay que pelear el caso, durar años en los tribunales, que el buen abogado es el que incidenta mucho. A veces, eso termina en casos como el de un imputado que, al inicio, se negó a un acuerdo de diez años, luego fue condenado, y ya con la sentencia en apelación me dijo: ‘Magistrada, vamos a acordar a diez años’. Y le respondí: ‘Ya con 20 en apelación, claro que no vamos a acordar’”.

Recordó que los acuerdos se hacen en todas las materias y reiteró que su aplicación responsable fortalece la eficiencia y la credibilidad del sistema de justicia.

Fuente/ Procuraduría General de la República.