Protección más efectiva para las víctimas de violencia, a propósito del caso de Anibel González

 

Yanira Fondeur

Promoviendo la Paz

 

El asesinato de Anibel González Ureña por su expareja en San Pedro de Macorís, no sólo ha causado consternación, indignación tristeza, pena y desconsuelo a sus familiares, sino a toda la sociedad.

La víctima,  de 30 años, madre de tres niñas y abogada experta en migración, que había vivido en una relación violenta durante 12 años con el empresario de muebles Yasmil Oscar Fernández, previamente había sobrevivido en el año 2017 a un primer intento de asesinato de su agresor, tras inferirle siete puñaladas que motivaron su hospitalización durante largo tiempo, quien se suicidó tras dejarla por muerta, al provocarle los disparos que finalmente terminaron con su vida.

Según la sentencia dictada por los jueces del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, el asesino obtuvo su libertad gracias a un Acuerdo Penal Abreviado  con el Ministerio Público, que según la entidad también fue firmado por la víctima, produciendo una condena de 5 años de prisión, de los cuales fueron suspendidos 3 años y 6 meses, concediéndole  la  libertad luego de estar en prisión por tan solo 18 meses.

Muchas interrogantes surgen a raíz de esta  tragedia conmovedora, en la que se ha señalado que aunque la víctima había comunicado a la fiscal de San Pedro de Macorís que se sentía perseguida, su ex pareja  ingresó a su hogar en horas de la noche, la condujo al baño en presencia de sus hijas de 11, 8 y 3 años y aún ella rogándole que por favor no lo hiciera por sus hijas, le disparó varias veces.

Luego, cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que, una representante del ministerio público acepte un acuerdo improcedente que violenta los lineamientos del Plan Nacional que desarrolla la Procuraduría General de la República?  ¿Cómo es posible que, los jueces admitiesen un acuerdo del fiscal con un asesino sin establecer mínimamente las condiciones que garantizaran el cumplimiento de las sanciones impuestas, como la Orden de Protección?, ¿Quién supervisa en cada caso las actuaciones de jueces y fiscales?, ¿Cuál es el nivel de comunicación efectiva entre los entes que investigan, sancionan y dan seguimientos a los cientos de casos que como estos suceden en nuestro país cada año?

Además, tenemos más cuestionamientos: ¿Por qué los jueces no establecieron dentro de las medidas el no porte de arma de fuego?, ¿De qué sirve que una víctima pida protección a las autoridades, sino no se la dan?, ¿Habrá sanción ejemplar para quien o quienes lo liberaron?, ¿Y esas tres niñas huérfanas, que entidad les proveerá rápidamente de asistencia psicológica para superar un  trauma que puede dejarles secuelas para toda su vida?

Este pésimo proceder de parte de los funcionarios llamados a impartir justicia, a perseguir a los responsables de los actos ilícitos y proteger a las víctimas, ha tenido como consecuencia la repulsa colectiva a través de comentarios en las redes sociales y otros medios de comunicación, calificando el sistema judicial dominicano de ineficiente, injusto y fallido y que merece ser cambiado.

Desde esta columna de promoción de la paz entendemos que, por la complejidad y lo multicausal que es la problemática de la violencia contra la mujer, deberían existir tribunales especializados para su óptimo conocimiento.

Insistimos que, ningún juez o representante del Ministerio Público que no esté sensibilizado y capacitado en la materia, puede desempeñar sus atribuciones con objetividad y eficiencia.

No obstante, ante lo sucedido y las más de 40 mujeres asesinadas este año, no podemos desmotivarnos de continuar con indiferencia ni  desesperanzas  ante los lamentables casos de violencia de género. Entendemos que debemos seguir trabajando en optimizar la prevención,  atención y la persecución de manera integral.

Y más aún, debemos seguir educando en valores e igualdad, para contar con una población masculina responsable, capaz de controlar y expresar sus emociones sin violencia y con la idea firme de que su pareja no es un objeto de su propiedad, sino  un ser humano que merece respeto, alegrías y paz.

 

La autora es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia.  @Yanira_Fondeur