Reforma Fiscal al Estado

La reciente reforma fiscal que fue retirada del congreso nacional demuestra no solo el pragmatismo político, sino de que las voces de los ciudadanos son importantes a la hora de tomar decisiones trascendentales en la República Dominicana.

La reforma fiscal que no superó las vistas públicas y que era considerada una de las más agresivas en asuntos económicos su retiro de la discusión política fue anunciada por el propio presidente de los dominicanos, Luis Abinader Corona en un breve mensaje que fue televisado el sábado 19 de octubre.

“Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es u signo de fortaleza. Y yo soy presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja”, manifestó el exmandatario sobre su decisión sobre la reforma fiscal.

Con la medida fiscal el gobierno tenía proyectado recaudar unos 122 mil millones de pesos dominicanos (2 mil millones de dólares) con la implementación de una serie de impuestos en las áreas como lo vehículos, alimentos y propiedades.

Sin embargo, para importantes sectores económicos y sociales en la nacion dominicana y en el exterior, más que pensar en una reforma fiscal en la sociedad dominicana, lo que amerita el Estado Dominicano, es una profunda reforma fiscal interna.

Esa medida implicaría el control más austero de los dineros públicos entre los que se encuentran: eliminar el gasto en publicidad estatal que en la actualidad supera de acuerdo a informes de prensa unos 11 millones de pesos ano.

Además, la implementación de mayores controles a los programas sociales, revisión de los subsidios como el de los combustibles, electricidad, alimentos, incentivar el pago de los impuestos, eliminar pensiones otorgadas por el Poder Ejecutivo, cargos honoríficos pagados, revisión de los empleados en el servicio exterior y hasta la aplicación de medidas para evitar la evasión fiscal. Solo en estas áreas de acuerdo a estimaciones de expertos economistas dominicanos el Estado evitaría la perdida de 30 a 40 mil millones de pesos.

También la reforma fiscal interna que debe implementar el Estado es contemplar la eliminación de los irritantes beneficios económicos que reciben los aun privilegiados congresistas dominicanos en el ejercicio de sus funciones políticas a través de las exoneraciones, programas sociales   y sistema de pensiones.

El Congreso Nacional de la República Dominicana está integrado por 190 miembros, de los cuales 32 son senadores y los restantes son diputados, incluidos los siete que son electos en el exterior.  Para la población dominicana, la clase política es una de las más costosas en la región del Caribe y Americana Latina debido a los beneficios e incentivos económicos que reciben en el ejercicio de sus funciones políticas.

Entre los principales beneficios se encuentran el derecho a recibir dos exoneraciones libres del pago de impuestos al año y el recibir mensualmente un llamado fondo especial denominado barrillo o cofrecito que supera los 200 mil pesos al mes para cada legislador y que los usan a criterio personal. El derroche del dinero público no puede continuar en el territorio dominicano.

Ambos beneficios (exoneraciones y barrilito) representan al año más de 12 mil millones de pesos dominicanos (unos 210 millones de dólares) que el Estado dominicano entrega a los legisladores.

La realidad es que los dineros que reciben los legisladores pueden ser usado en sectores como la educación, salud, transportación, seguridad pública y obras de infraestructura en el territorio dominicano.

Según la Dirección de Análisis Macroeconómico (DAM) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) durante el año 2023 el gobierno destinó 147 mil millones 880 mil pesos en subvenciones a sectores como: electricidad, combustible, alimentos, gas licuado, hogares y bono luz. Eso debe ser revisado de forma minuciosa para evitar la pérdida del dinero público.

Los dominicanos que residen en la isla caribeña y en el exterior se mantendrán a la expectativa de que toda reforma fiscal que se quiera aplicar en el futuro debe ser integral y no para mantener los privilegios económicos en la República Dominicana. Es hora de que el Estado se aplique su propia reforma fiscal.