Silencio e insensibilidad del gobierno

 

Editorial

El silencio gubernamental ante la aplicación de la Ley 34-23 sobre el autismo, a más de 17 meses de su promulgación, evidencia una preocupante insensibilidad hacia una problemática que afecta a miles de familias dominicanas. Esta ley, que fue aprobada con amplios consensos en el Congreso, prometía atención, inclusión y protección para las personas dentro del espectro autista, pero hasta ahora, ha sido un papel mojado ante la falta de acciones concretas.

Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, ha denunciado repetidamente la inacción del Ejecutivo. Mientras el poder se moviliza con velocidad para impulsar una reforma constitucional, las familias con seres queridos afectados por autismo siguen esperando los recursos prometidos para mejorar su calidad de vida. La Ley 34-23, que tenía el potencial de ser un hito en la lucha por la inclusión, ha sido obstaculizada por la lentitud burocrática, y el reglamento para su implementación llegó tarde y con graves deficiencias.

La falta de claridad en los objetivos, la carencia de mecanismos para gestionar los recursos, y la ausencia de metas específicas han dejado la ley prácticamente inoperante. Esto, según Quiroz, podría estar favorecido por el hecho de que muchos de los legisladores y altos funcionarios, que podrían ser impulsores de su aplicación, tienen los medios para atender a sus hijos en clínicas privadas o en el extranjero. Mientras tanto, la clase media y las familias de bajos recursos enfrentan una lucha diaria, sin acceso a los servicios básicos prometidos por la normativa.

El presidente Luis Abinader tiene en sus manos la oportunidad de redirigir los esfuerzos y dar respuesta a estas familias. Quiroz sugiere asignar a la vicepresidenta Raquel Peña, quien ha mostrado sensibilidad hacia los sectores más vulnerables, la responsabilidad de asegurar la implementación de la ley. Su trabajo, junto con el del ministro José Ignacio Paliza, podría acelerar las gestiones necesarias en áreas críticas como educación, salud y terapias para las personas con autismo.

La Ley 34-23 garantiza derechos fundamentales como el acceso a diagnósticos tempranos y terapias especializadas, pero la realidad es que estos servicios, hoy en día, no son accesibles para la mayoría. Las cifras globales son contundentes: uno de cada 100 niños tiene autismo, según la OMS. No obstante, en la República Dominicana, estos niños y sus familias siguen desprotegidos.

El gobierno no puede seguir haciendo oídos sordos a este clamor. La implementación de la ley no solo es un deber legal, sino también un acto de justicia social. La urgencia de estos servicios es innegable: cada día que pasa sin que se aplique esta normativa representa una pérdida irreparable en la vida de miles de personas.

Terminemos este silencio e insensibilidad.