Tras ser imputado por presunto tráfico de influencias, Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra
La Audiencia Nacional citó al expresidente español para declarar el 2 de junio en una investigación sobre el rescate público de la aerolínea durante la pandemia.
Madrid.- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue citado por la Audiencia Nacional para comparecer el próximo 2 de junio como investigado en el denominado caso Plus Ultra, un proceso judicial que indaga presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros hechos vinculados al rescate público concedido a la aerolínea durante la pandemia de COVID-19.
La decisión fue adoptada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien levantó el secreto de las actuaciones y emitió un auto de 85 páginas en el que sostiene, de manera provisional y dentro de la fase inicial de investigación, que existirían indicios sobre una presunta estructura organizada dedicada al ejercicio ilícito de influencias para favorecer intereses empresariales relacionados con la compañía aérea.
Según la resolución judicial difundida por el Poder Judicial de España, el magistrado sitúa a Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” orientada a obtener beneficios económicos mediante gestiones ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra.
El juez sostiene que la investigación apunta al uso de sociedades instrumentales, contratos de consultoría, documentación simulada y canales financieros opacos para canalizar fondos y ocultar su origen y destino. Además, la resolución hace referencia a presuntas operaciones financieras internacionales y a la utilización de estructuras societarias en Dubái.
De acuerdo con el auto, los directivos de Plus Ultra habrían intentado obtener la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. La investigación señala dos supuestas vías de influencia: una vinculada al entorno del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra relacionada con el entorno de Zapatero.
El magistrado considera que la red investigada habría utilizado contactos políticos y acceso a altos cargos de la administración pública para influir en decisiones relacionadas con el rescate financiero de la aerolínea y otros asuntos vinculados a operaciones internacionales.
Tras conocerse la decisión judicial, Zapatero difundió un video en el que rechazó categóricamente cualquier participación irregular en el proceso.
“Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra”, afirmó el expresidente español.
El exmandatario sostuvo además que toda su actividad pública y privada se ha desarrollado “con absoluto respeto a la legalidad” y aseguró que sus ingresos han sido declarados “con absoluta transparencia” ante las autoridades tributarias españolas.
“Voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción”, expresó.
Zapatero también negó haber tenido sociedades mercantiles, directa o indirectamente, en España o en el extranjero relacionadas con las operaciones investigadas.
Mientras tanto, el Gobierno español pidió prudencia y defendió la presunción de inocencia del expresidente. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, expresó confianza en la justicia y recordó que las ayudas concedidas durante la pandemia a distintas empresas fueron aprobadas bajo procedimientos supervisados por organismos nacionales y europeos.
En otra de sus decisiones, el juez Calama autorizó el registro de la oficina desde donde trabaja Zapatero como expresidente del Gobierno y de varias sociedades mercantiles investigadas, aunque rechazó el registro de su domicilio particular.
El magistrado argumentó que no existían indicios suficientes para justificar una medida de esa naturaleza y consideró que la amplia difusión pública del caso hacía “razonablemente presumible” que cualquier posible elemento incriminatorio ya hubiese sido retirado o destruido.
La comparecencia prevista para el próximo 2 de junio marcará uno de los momentos de mayor impacto político y judicial en España en los últimos años, debido a que involucra a un exjefe de Gobierno en una investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con fondos públicos otorgados durante la emergencia sanitaria.