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Un SOS para salvar la vida de mujeres: dos décadas con un promedio de 8 feminicidios al mes en República Dominicana
- En los últimos 20 años (2005-2025), 3,483 mujeres han muerto de forma violenta en la República Dominicana. De ellas, 1,802 fueron víctimas de feminicidios, un promedio de ocho cada mes, casi siempre a manos de sus parejas o exparejas.
- Paradójicamente, el hogar -que debería ser refugio- se ha convertido en el lugar más inseguro para ellas, según una investigación de Aplatanao News que documenta vacíos en las políticas públicas y amplifica las voces que exigen frenar la violencia feminicida, un drama de dimensión mundial.
- Dos voces -un psiquiatra y un psicólogo- descifran la mente del agresor; estudios académicos y fallos judiciales revelan cómo el país enfrenta —y falla— ante la violencia que mata mujeres. Una mirada inédita desde el Ministerio de Salud Pública.
Fernando Quiroz I Director Aplatanao News
En este momento, la principal meta de muchas mujeres dominicanas es salvar su vida, o la de sus hijos, de su pareja o expareja. La cultura machista dominicana parece una chichigua (cometa de papel) a la que cada día se le suelta más hilo, elevándose en desbandada.
En la República Dominicana, entre 2005 y marzo de 2025, la principal causa de muertes violentas de mujeres no ha sido los atracos ni las riñas, sino el feminicidio: la violencia de género, según estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR).
En esas dos décadas se registraron 3,483 homicidios de mujeres, un promedio de 172 por año. De esa cantidad, 1,802 casos fueron tipificados como feminicidios, lo que representa un 52%, de acuerdo a la investigación de este medio Aplatanao News. La mayoría de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas.
Sin embargo, pese a estos datos, uno de los principales desafíos para enfrentar la violencia contra las mujeres es la falta de estadísticas consolidadas en registros oficiales. Las cifras provienen de distintas instituciones -Policía Nacional, Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Procuraduría–Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y Ministerio de la Mujer- y no siempre coinciden. Igualmente, persiste un vacío en los datos sobre intentos de feminicidios, así como sobre las posibles lesiones físicas y traumas psicológicos que sufren las víctimas.
Esto no solo afecta un diagnóstico certero de una situación tan compleja y multifactorial, sino que también genera confusión en la población cuando se habla de los distintos tipos de feminicidios, con el recelo de que exista subregistro.
Uno de los casos más dramáticos ocurrió en Dajabón el 28 de septiembre de 2025, cuando fue hallada muerta la adolescente L.P.R., de 16 años, con heridas de arma blanca, en la comunidad El Plan 1, municipio El Pino. El presunto agresor, DG de 31 años, se entregó a las autoridades al día siguiente. El hecho, investigado como feminicidio, refleja la extrema vulnerabilidad de las menores frente a la violencia de género y ha provocado consternación en toda la comunidad.
La definición internacional distingue entre feminicidio íntimo (cometido por pareja o expareja), feminicidio familiar (por un pariente consanguíneo o por afinidad) y feminicidio por conexión (cuando una mujer muere por estar en medio del ataque o al intentar auxiliar a otra víctima). Los maltratadores, en muchos casos, se suicidan. Otros huyen y, luego de ser apresados, declaran un alegado arrepentimiento con ofrecimiento de perdón a la sociedad.
Estamos frente a una problemática estructural de salud y de orden público, con gran impacto social manifestado en la cantidad de huérfanos que deja este tipo de violencia. Paradójicamente, la vivienda sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres que enfrentan violencia, seguido de la vía pública, espacios laborales o negocios. El feminicidio suele ser la culminación de violencias previas -física, psicológica, verbal y económica-, muchas veces subestimadas.
Algunos de los hallazgos de esta investigación dependen de los estudios más recientes realizados, principalmente entre el 2022 y 2024.
Fuente: Procuraduría General de la República.
Hay muchos vacíos, pues la política pública se ha centrado en el castigo más que en la prevención. La educación en igualdad de género, la resolución pacífica de conflictos y la promoción de nuevas masculinidades siguen siendo insuficientes.
El informe Homicidios de Mujeres y Feminicidio de la PGR muestra, además de las cifras, las circunstancias, hora, lugar y día del hecho, arma utilizada, edad y nacionalidad de la víctima. Solo entre enero y marzo de 2025 se registraron 41 muertes violentas de mujeres, frente a 29 casos en el mismo período de 2024, lo que representa un incremento del 41%. Sin embargo, al observar únicamente los feminicidios, la cifra se mantuvo en 16 en cada trimestre comparado.
En cuanto al perfil de las víctimas en 2025, el 51% tenía entre 18 y 34 años de edad, lo que refleja un mayor impacto en mujeres en edad reproductiva y laboral. El 73% era dominicana, 22% haitiana y 5% colombiana o venezolana.
En los expedientes judiciales y reportes oficiales recientes se observa un patrón: los agresores suelen tener entre 38 y 45 años, mientras que muchas víctimas no superan los 25, e incluso algunas son menores de edad.
En varios casos, la diferencia de edad supera hasta los 40 años. Esa brecha generacional refleja relaciones profundamente desiguales de poder y control, un factor que agrava el riesgo de violencia extrema contra las mujeres.
Para cometer los crímenes, se utilizaron armas de fuego en el 44% de los casos, armas blancas en un 20% y otros métodos en el 34%. Menciono estos datos con el propósito de contribuir a la adopción de medidas preventivas, siendo consciente, sin embargo, de la importancia de evitar descripciones innecesarias de los feminicidios. En muchos de estos casos, los agresores son miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas.
Las estadísticas más recientes confirman que el Gran Santo Domingo y Santiago concentran casi el 40% de los hechos. Otras provincias con mayor incidencia son San Cristóbal, La Altagracia, Duarte y La Vega.
Fuente: Procuraduría General de la República (PGR).
El sábado es el día más letal para las dominicanas (19%), seguido por el domingo (14%), lo que confirma que los fines de semana concentran una tercera parte de los casos. En cuanto a los horarios, la violencia se reparte casi por igual: 51% en el día y 49% en la noche.
La problemática ha tenido picos, caídas y repuntes, pero se mantiene dentro de un rango de 140 a 180 casos anuales de mujeres muertas en condición de violencia, con ligeras variaciones según el año.
Las autoridades policiales aún reportan los crímenes contra mujeres como “pasionales”, un término cuestionado por minimizar la violencia de género. Según los estándares internacionales, estos se califican como feminicidios íntimos.
La raíz del problema está en una cultura machista que normaliza el control masculino y en una tolerancia social que lo reduce a un asunto privado. Esa permisividad, sumada a la reproducción de patrones violentos en los hijos, mantiene vivo el ciclo intergeneracional de la violencia.
20 AÑOS DE MUERTES DE MUJERES
El registro histórico de la PGR muestra variaciones anuales importantes. En 2005 se reportaron 190 casos, mientras que en 2006 fueron 177 y en 2007, 173. Para 2008 y 2009 las cifras ascendieron a 204 y 199 respectivamente, alcanzando en 2010 un total de 207. El pico más alto en estas dos décadas ocurrió en 2011, con 233 homicidios de mujeres.
Posteriormente, las cifras oscilaron entre 196 en 2012, 160 en 2013, 187 en 2014 y 144 en 2015. A partir de 2016, con 167 casos, se mantuvo una tendencia fluctuante: 209 en 2017, 165 en 2018, 152 en 2019 y 134 en 2020. En los años recientes se registraron 150 en 2021, 165 en 2022, 137 en 2023 y 134 en 2024. En lo que va de 2025, hasta marzo, se contabilizan 41 muertes violentas de mujeres.
La cifra de feminicidios registrada en 2005 fue de 98, en 2006 de 99 y en 2007 de 89. El año 2008 cerró con 131, en 2009 fueron 92 y en 2010, 102. En 2011 se elevó a 128 casos. Posteriormente, en 2012 se registraron 102, en 2013 un total de 71 y en 2014 exactamente 100
En 2015 se produjeron 77 y en 2016, 88. La cifra volvió a crecer en 2017 con 107, y luego descendió a 83 en 2018 y 77 en 2019. Durante 2020 se reportaron 70, en 2021 fueron 86, en 2022 un total de 63 y en 2023 se contaron 65. En 2024 la cifra subió a 74. En lo que va de 2025, hasta marzo, se registran 16 feminicidios.
El resto corresponde a otros homicidios de mujeres no clasificados como feminicidios, que en el período 2005–2025 suman 1,681 casos. En 2005 se contaron 92, en 2006 fueron 78 y en 2007, 84. Para 2008 se reportaron 73, en 2009 un total de 107 y en 2010 la cifra llegó a 105.
En 2011 se contabilizaron igualmente 105, en 2012 fueron 94 y en 2013, 89. Durante 2014 se produjeron 87, en 2015 bajaron a 67 y en 2016 subieron a 79. En 2017 la cifra fue de 102, en 2018 de 82 y en 2019 de 75. Durante 2020 fueron 64, igual que en 2021, y en 2022 subieron a 102. En 2023 se reportaron 72, en 2024 un total de 60 y en los primeros tres meses de 2025 se registran 25.
El 31.5% de mujeres de 20 a 24 años estuvo casada o en unión antes de los 18. El embarazo adolescente llega al 19%, una de las tasas más altas de la región.
Cifras de la ONE
Además de las cifras de la PGR, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicó el Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia 2020-2024, en el que se registran 134 casos en 2020, 144 en 2021, 163 en 2022, 137 en 2023 y 130 en 2024 (preliminar), con un promedio anual de 141 muertes.
El informe también distingue los feminicidios íntimos, que oscilaron entre 65 y 72 casos por año en el mismo período, cifras que muestran la persistencia de la violencia letal contra las mujeres en el país.
Los feminicidios íntimos muestran algunas diferencias al comparar con los arrojados por la PGR. En 2020 fueron 68; en 2021, 72; en 2022, 71; en 2023, 65; y en 2024, 72.
El Ministerio de Interior y Policía, con preocupación, reportó que en los primeros ocho meses de 2025 al menos 48 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. De esos crímenes, 36 fueron clasificados como feminicidios íntimos. La institución anunció que, en coordinación con la PGR, pondrá en marcha un plan integral para enfrentar la violencia feminicida.
La magnitud de la tragedia llevó al Ministerio de Defensa a activar nuevas medidas preventivas, entre ellas la creación del Centro Integral de Salud Mental de las Fuerzas Armadas, ante el dato alarmante de la alta incidencia de militares implicados en estos hechos.
La justicia no llega igual a todas: radiografía de la desigual atención por provincia
En 2022, el Informe Estadístico sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, elaborado por el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la ONE y el MEPyD, con apoyo de la Unión Europea, ofrece un retrato fragmentado de una misma tragedia.
Las cifras no solo reflejan el alcance de la violencia, sino también la falta de articulación institucional para medirla y enfrentarla.
Durante el citado año, la Procuraduría recibió 83,416 denuncias por distintos tipos de violencia. De ellas, 65% fueron intrafamiliares, 27% de género y 8% delitos sexuales.
El Ministerio de la Mujer, en cambio, reportó 14,271 mujeres atendidas, con una distribución distinta: 86.5% de los casos fueron intrafamiliares y solo 13.5% de género, lo que evidencia una brecha metodológica entre ambas instituciones.
Mientras la Procuraduría registra la violencia económica apenas en 2% de los casos, el Ministerio la eleva a 13.6%, según sus parámetros de atención. Estas diferencias no son solo técnicas: marcan la distancia entre lo que se denuncia, lo que se asiste y lo que realmente se castiga.
En paralelo, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses documentaron 137 homicidios de mujeres durante el mismo año, de los cuales 53 fueron feminicidios tipificados.
La mayoría de las víctimas tenía entre 20 y 59 años, el grupo más activo social y laboralmente, mientras los agresores en su mayoría eran parejas o exparejas.
El informe también revela desigualdad en la ejecución de órdenes de arresto: de más de 9,000 emitidas, apenas el 71.4% fue ejecutada.
En el Gran Santo Domingo, el cumplimiento alcanzó casi el 98%, pero en provincias como Peravia, San Pedro de Macorís o Monseñor Nouel no superó el 40%, dejando amplias zonas del país sin una respuesta efectiva frente a las denuncias.
A pesar de los esfuerzos institucionales, el documento reconoce que no existe aún un marco conceptual común entre las entidades, lo que genera duplicidades, subregistros y vacíos de información.
Su principal recomendación es la creación de un Sistema de Registro Único de Violencia, que permita homologar los datos y diseñar políticas públicas con base en evidencia.
Las voces del liderazgo femenino
“Lo vital es la prevención, pero si seguimos educando en los hogares con violencia, como ha destacado UNICEF en investigaciones, los hijos continuarán normalizándola”, advierte Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida sin Violencia. (Fuente/ Yanira Fondeur).
La voz se alza en la sociedad civil. Yanira Fondeur, presidenta de la Fundación Vida sin Violencia, denunció recientemente que en lo que va de año contabilizan 47 feminicidios íntimos, de los cuales cinco corresponden a menores de edad entre 15 y 17 años. Otro ángulo doloroso es que 67 niños han quedado huérfanos por feminicidios. Una debilidad latente es la falta de medidas de reparación para los hijos de las víctimas.
Por su parte, Soraya Lara Caba, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), con más de 25 años en el tema, ha puesto su enfoque en lo que denomina violencia perversa, posesiva y vicaria, esta última definida como el daño que un agresor inflige a los hijos con el fin de hacer sufrir a la madre.
Soraya Lara Caba, presidenta del PACAM
advierte sobre la violencia vicaria. (Fuente/ PACAM).
Lara, psicóloga y especialista en terapia familiar y de pareja, insiste en que falta congruencia presidencial y que no se cuenta con los fondos suficientes para ejecutar políticas que garanticen protección a las víctimas desde el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Mientras que Janet Camilo, presidenta mundial de la Internacional Socialista de Mujeres (Socialist International Women) y ex ministra de la Mujer dominicana, se inscribe en la posición de que la muerte violenta de las mujeres por razones de género -los feminicidios- constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación.
Entiende que no se trata de hechos aislados atribuibles únicamente a la conducta violenta de algunos individuos, sino de un fenómeno estructural que hunde sus raíces en el patriarcado, en la sumisión histórica del género femenino y en el dominio masculino legitimado por una cultura machista.
“Por ello, el feminicidio debe analizarse desde la perspectiva de género, entendiendo que la vulnerabilidad heredada y sostenida por causas económicas, políticas y sociales se traduce en muertes de mujeres cuyos derechos no han sido protegidos de manera efectiva por el Estado ni por la sociedad”, expone Camilo.
Cree que detener esta espiral implica transformar la cultura, incorporar educación sexual e igualdad desde la infancia, y garantizar políticas públicas financiadas con los recursos de todos, donde la dignidad y la vida de las mujeres sean el bien supremo a proteger.
Janet Camilo, presidenta mundial de la Internacional Socialista de Mujeres:
«El feminicidio es un fenómeno estructural que hunde sus raíces en el patriarcado».
(Fuente/ Janet Camilo(
Magnitud en América Latina
En América Latina, la violencia feminicida continúa cobrando la vida de miles de mujeres cada año.
Según el Boletín 3 (2023) “Violencia feminicida en cifras. América Latina y el Caribe: actuar con sentido de urgencia para prevenir y poner fin a los feminicidios”, al menos 3,897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 27 países y territorios de la región. Esto equivale a 11 mujeres asesinadas cada día por razones de género.
El estudio ubica la tasa de feminicidio en República Dominicana en 2.4 por cada 100,000 mujeres, una de las más altas de la región, solo superada por Honduras (7.2).
Mientras que en Argentina, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), de la Corte Suprema de Justicia, documentó 250 víctimas directas de femicidio en 2023, lo que equivale a un femicidio cada 35 horas.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportaron 966 feminicidios reconocidos oficialmente en 2022, y 1,697 homicidios de mujeres en el primer semestre de 2023, evidenciando que una parte importante de los asesinatos de mujeres aún no se tipifican como feminicidios.
Mientras que en Colombia, el Observatorio de Feminicidios y la Defensoría del Pueblo informaron que entre enero y abril de 2025 se registraron 123 feminicidios, una tendencia sostenida tras los 630 casos documentados en 2023, equivalente a casi dos crímenes de este tipo por día.
Y en España, el Ministerio de Igualdad registró 58 mujeres asesinadas por violencia de género en 2023, cifra que confirma un alza respecto al año anterior, cuando fueron 49. De acuerdo con el Ministerio de Igualdad de España, entre 2003 y 2023 se registraron 1,237 mujeres asesinadas por violencia de género en el país.
El mapa regional evidencia que la violencia de género sigue siendo una epidemia social y estructural. Los números varían por definiciones legales y metodologías, pero el patrón es común: las mujeres siguen muriendo por el simple hecho de serlo.
Más allá de las fronteras, América Latina, sobre todo, enfrenta una herida compartida que exige voluntad política, educación emocional y justicia efectiva.
Problemática mundial
El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres reveló en 2023 que 51,100 mujeres y niñas fueron asesinadas a manos de sus parejas o familiares, lo que equivale a una cada 10 minutos, 140 por día.
Se trata del estudio “Estimaciones mundiales de los homicidios de mujeres y niñas por razones de género – femicidio/feminicidio” (Gender-related killings of women and girls (Femicide/Feminicide) – Global estimates 2022).
El documento confirma al femicidio como un problema global: África encabeza las cifras absolutas y relativas con 21,700 asesinatos (2,9 por cada 100,000 mujeres), seguida de América y Oceanía con tasas de 1,6 y 1,5 respectivamente. En Asia (0,8) y Europa (0,6) los números son menores, pero igualmente preocupantes. La ONU advierte que la escala real es aún mayor, ya que en casi 4 de cada 10 asesinatos de mujeres no se determina si hubo motivación de género por deficiencias en la investigación y el registro.
Bajo el lema #NoHayExcusa: actúa para poner fin a la violencia contra las mujeres, ONU Mujeres lanzó en 2023 una nueva edición de su campaña en el marco de los 16 Días de activismo contra la violencia de género, que arrancó el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La iniciativa plantea un mensaje directo: terminar con la impunidad, adoptar planes nacionales y garantizar inversión en prevención y en organizaciones de mujeres.
El estudio subraya que los feminicidios constituyen una de las violaciones más graves a los derechos humanos, pero insiste en que pueden y deben prevenirse. Para lograrlo, es necesario atender las primeras señales de violencia, garantizar justicia sensible al género y fortalecer a las organizaciones de mujeres, que hoy reciben menos del 1% del financiamiento global.
“Cada cifra representa una mujer o niña cuya vida fue arrancada brutalmente a manos de la violencia machista, la misoginia y las normas sociales que toleran y perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas.” (ONU, 2023)
Fuente: Elaboración propia.
Fiscal Distrito Nacional: sociedad no puede permanecer indiferente
“Duele profundamente saber que tantas mujeres pierden la vida en el lugar donde deberían sentirse más seguras: sus hogares, y a manos de quienes debieron cuidarlas y protegerlas”, expresa a Aplatanao News la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
Manifiesta que, como mujer, madre y fiscal titular, le conmueve y preocupa cada feminicidio.
“Detrás de cada caso hay una familia destrozada y una sociedad que no puede permanecer indiferente”, reflexiona.
Magistrada Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional. (Fuente/ Fiscalía DN).
Urgente en la RD
La República Dominicana cuenta con varios mecanismos de protección a la mujer: la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la PGR; el Departamento de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional (DEAMVI); y el Ministerio de la Mujer, que además de acompañamiento legal y psicológico administra casas de acogida para víctimas en alto riesgo.
A estas acciones se suman las vías de auxilio inmediato habilitadas en el país: la Línea Vida 809-200-1202 y la marcación rápida *212 del Ministerio de la Mujer, además del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1. Todos estos servicios están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para ofrecer atención y respuesta urgente a mujeres en situación de violencia.
Aunque la Ley 24-97, que manda a penalizar y prevenir la violencia intrafamiliar y de género, abrió el camino, y el nuevo Código Penal, ya aprobado pero pendiente de ejecución, endurece las penas por violencia de género y feminicidio, persisten vacíos en la respuesta que impiden una protección efectiva.
Prácticamente al inicio de su primer gobierno, en enero de 2021, el presidente Luis Abinader anunció que trabajaban en un cuerpo especializado de la Policía Nacional para la protección de las mujeres en mayor riesgo de ser víctimas de feminicidios, lo que aún no se ha concretado.
Es urgente evaluar las fallas estructurales en la prevención, la capacidad de protección y la efectividad de la justicia. Un discurso muy socorrido por las autoridades dominicanas es que cerca del 80% de las víctimas no hizo denuncias, lo que sugiere investigar los motivos: falta de confianza en ser protegidas o, peor aún, temor de que denunciar las coloque en mayor riesgo frente a su agresor.
Sede de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia (PGR). (Fuente/ PGR).
JUSTICIA Y CENTRO DE PENSAMIENTO
En el país, el recorrido judicial de la violencia contra la mujer sigue marcado por una brecha profunda entre denuncia y sanción.
Según los boletines institucionales del Ministerio de la Mujer, en el trimestre abril-junio de 2022 se registraron 10,992 atenciones a víctimas, de las cuales 10,576 casos fueron judicializados ante los tribunales.
Sin embargo, solo 416 concluyeron en sentencia al cierre del periodo, lo que representa una tasa de resolución de apenas 3.9%.
En el ámbito judicial, el Informe Estadístico de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y los datos del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial, correspondientes también al 2022, permiten tener un termómetro de la situación.
Durante 2022, la Segunda Sala dictó 1,494 sentencias, pero únicamente 131 (8%) se vincularon a delitos sexuales, violencia doméstica o contra la mujer.
De esas decisiones, el 80% involucró víctimas menores de edad, y los delitos más frecuentes fueron abuso sexual contra menores (27%), violación sexual (20%) y abuso psicológico contra menores (20%).
Por regiones judiciales, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional concentraron casi seis de cada diez sentencias de este tipo. El informe fue elaborado por la magistrada Nancy I. Salcedo Fernández, coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género, y la Dirección de Análisis y Políticas Públicas del Poder Judicial.
En paralelo, el Centro de Entrevistas Forenses del Poder Judicial realizó 9,990 evaluaciones en el mismo periodo, con 3,645 solicitudes pendientes, lo que evidencia la carga de trabajo en las unidades que atienden a las víctimas.
El conjunto de estas cifras revela un patrón claro: la respuesta judicial avanza, pero no con la misma velocidad que la violencia.
El resultado es una justicia que sanciona con severidad ‘penas de hasta 20 años de prisión, pero que no siembre llega temprano y, a muy pocos casos.
INVESTIGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El CIPP y la proyección al 2030: más denuncias, menos resultados.
El Centro de Investigación de Políticas Públicas (CIPP), un “think tank” dominicano fundado en 2013, -con sede en Santo Domingo- publicó en 2023 un estudio titulado “Proyección de la violencia de género en República Dominicana hacia 2030”, basado en las tendencias de denuncias registradas por el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer entre 2015 y 2021.
El informe revela que la participación de los casos de violencia de género en el total de denuncias nacionales pasó de 13% en 2015 a 30% en 2021, con un crecimiento interanual promedio de 20.39%.
Si esa tendencia continúa, el CIPP proyecta que el país podría superar las 30,000 denuncias anuales en 2028 y alcanzar aproximadamente 32,696 en 2030, “si no se modifican los factores estructurales que sostienen el ciclo de violencia”.
El estudio alerta que el crecimiento de las denuncias no refleja necesariamente una mejora institucional, sino un aumento de la exposición pública del problema sin que el Estado amplíe su capacidad judicial, psicológica y de protección efectiva.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El estudio “La violencia de género en la República Dominicana: un enfoque desde los datos estadísticos que provee el Estado dominicano (2005–2018)”, publicado por Participación Ciudadana en 2019, ofrece una de las evaluaciones más contundentes y documentadas sobre la respuesta institucional frente al feminicidio.
El informe denuncia que el país sufre un subregistro estimado en al menos un 37 % de los casos de feminicidios, debido a la falta de armonización de datos entre las entidades oficiales: Procuraduría General, Policía Nacional y Ministerio de la Mujer.
Esa desarticulación -advierte el estudio- impide conocer la magnitud real del problema y genera una falsa percepción de avance: “El Estado reporta mejoras estadísticas sin que necesariamente aumente la protección de las mujeres en la práctica.”
El documento también critica la debilidad del marco legal vigente, señalando que el Código Penal dominicano (está pendiente de entrada en vigencia el nuevo código con tipificación de feminicidios) no tipifica el feminicidio como figura autónoma y que persisten vacíos frente a categorías como el feminicidio no íntimo o social.
Esta omisión -sostiene Participación Ciudadana- “contribuye a la impunidad, al impedir distinguir jurídicamente entre homicidios comunes y crímenes de odio por razones de género.”
Entre 2016 y 2018, los casos relacionados con violencia de género en los registros estatales saltaron de un 3 % a un 42 %, incremento que el informe atribuye no a un aumento de la violencia, sino a la incorporación tardía de categorías antes ignoradas.
La organización concluye que la violencia de género es un acto de poder y control que el sistema judicial reproduce cuando no protege a tiempo ni sanciona con coherencia.
Observatorio de FUNGLODE
La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), a través de su Observatorio Político Dominicano (OPD), también se ha convertido en una de las pocas entidades que documenta de manera sistemática la violencia letal contra las mujeres en el país.
Desde 2015 elabora una matriz anual de feminicidios a partir de casos reportados por la prensa, con informes que revelan tendencias, perfiles de agresores y víctimas, y el impacto social de estos crímenes.
Sus estudios -como los publicados sobre los años 2016, 2018-2019 y más recientemente 2021-2022- han visibilizado la magnitud del problema, alertando sobre repuntes como los 80 feminicidios registrados en 2021, un 11 % más que el año anterior, y señalando la urgencia de mejorar los registros oficiales y las políticas de prevención.
MIRADA UNIVERSITARIA: INTEC
Propuesta de Sistema Unificado de Información sobre Violencia de Género.
El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), en su informe “Violencia de género y respuesta institucional en la República Dominicana” (2021), respaldado por el UNFPA, probó que el país enfrenta un grave déficit de coordinación interinstitucional en el manejo de los datos sobre violencia contra la mujer.
El estudio revela que cada entidad oficial -Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional y Poder Judicial- utiliza tipificaciones distintas para clasificar los casos de feminicidio, lo que produce subregistro, duplicidad de expedientes y estadísticas incongruentes.
Ante esa fragmentación, el INTEC propone la creación de un Sistema Nacional Unificado de Información sobre Violencia de Género, que integre todas las bases de datos judiciales, policiales y sociales, bajo protocolos comunes de registro y seguimiento.
El objetivo es garantizar transparencia, trazabilidad y prevención efectiva, permitiendo a las autoridades actuar antes del desenlace fatal.
El informe advierte que, sin un sistema integrado, el país seguirá reaccionando a los feminicidios como tragedias aisladas, en lugar de prevenirlos como síntomas de un mismo patrón estructural de violencia y desigualdad.
Ministerio de Salud Pública:
La violencia contra las mujeres enferma la mente y la sociedad
Enfatiza tres pilares de respuesta estatal.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) reconoció, en un boletín oficial emitido en noviembre de 2024, que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una emergencia de salud pública con consecuencias devastadoras para la salud física, mental y social de las víctimas.
El documento -titulado “Género y Salud: Por una vida libre de violencia para las mujeres. La respuesta del sistema de salud”- recopila registros oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de la Procuraduría General de la República entre 2005 y 2022, período en el que se documentaron 1,663 feminicidios y 1,549 homicidios de mujeres, para un total de 3,212 muertes violentas. El promedio anual ronda las 92 víctimas por año.
Elaborado con apoyo técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el contenido ofrece una mirada inédita desde el sistema de salud y aporta evidencia científica a una conversación que suele reducirse a estadísticas policiales.
Sostiene que la violencia de género debe abordarse como una enfermedad social y estructural, no solo como un problema judicial o policial. Enfatiza tres pilares de respuesta estatal:
- Atención médica y psicosocial humanizada, libre de revictimización.
- Capacitación del personal de salud en trauma, salud mental y manejo de emergencias.
- Vigilancia epidemiológica especializada para documentar los casos y sus secuelas.
En su sección final, el informe advierte que la exposición constante a la violencia doméstica y al abuso emocional genera trauma colectivo, ansiedad y depresión, afectando el equilibrio emocional de toda la sociedad.
Paradójicamente, este boletín -uno de los documentos oficiales más rigurosos sobre el tema- pasó casi desapercibido en los medios nacionales. Ninguno de los principales periódicos del país registró su publicación ni sus hallazgos. Su lenguaje técnico, la falta de presentación pública y la débil articulación institucional con el Ministerio de la Mujer limitaron su difusión.
Psicólogo Luis Vergés, ex director del Centro de Intervención Conductual para Hombres.
(Fuente/ archivo Luis Vergés)
Perfil del agresor y enfoque conductual
La violencia contra la mujer no surge del impulso, sino de una percepción distorsionada del poder. Así lo explica el psicólogo Luis Vergés, quien dirigió el Centro de Intervención Conductual para Hombres desde su fundación en 2008 hasta recientemente. El hombre violento crece bajo la idea equivocada de que quien manda es quien domina, y que la autoridad se impone, no se construye. En muchos casos proviene de hogares donde el miedo sustituye al respeto y la fuerza al diálogo. No es un enfermo mental, sino un individuo emocionalmente incompleto que usa el control como forma de compensar sus carencias afectivas y afirmar su autoridad frente a la mujer.
En el núcleo de su conducta se encuentra un patrón de dominio que convierte la relación en territorio. El agresor no percibe a la mujer como un ser autónomo, sino como una extensión de sí mismo, alguien cuya voluntad debe someter. Mientras más vulnerable es la víctima -económica, emocional o socialmente-, más fácil le resulta ejercer ese control.
Cuando ella decide irse, el poder que lo sostenía se desmorona y la pérdida se convierte en afrenta. Es el momento de mayor peligro: el agresor experimenta una mezcla de rabia, vergüenza y sensación de vacío que puede transformarse en impulso letal. Por eso, Vergés insiste en la necesidad de fortalecer la educación emocional y la capacidad de las mujeres para identificar los primeros signos de violencia y romper el ciclo antes de la ruptura definitiva.
El Centro de Intervención Conductual, con más de 50,000 hombres tratados y 80 % de procesos completados, ha demostrado que el cambio es posible: ninguno de los egresados reincidió. A través de terapias, educación emocional y acompañamiento psicosocial, los participantes aprenden a reconocer sus emociones, asumir responsabilidad y desarrollar empatía. Pero Vergés advierte que el sistema necesita expansión nacional y políticas sostenidas, porque la violencia no se erradica solo castigando a los agresores, sino desmontando la cultura del dominio que los forma.
Doctor Vicente Vargas, ex presidente de de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Psiquiatría.
(Fuente/ AplatanaoNews)
Psiquiatra Vicente Vargas: prevenir el feminicidio empieza en la niñez
El psiquiatra Vicente Vargas Lemonier, referente nacional en salud mental, advierte que el feminicidio no puede entenderse sin mirar la sociedad que lo forma.
“Es un fenómeno sistémico”, afirma el médico y terapeuta familiar, expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Psiquiatría, con más de 45 años de trayectoria en salud mental y formación humana.
Vargas Lemonier precisa que la violencia no surge de la nada: se aprende desde la infancia. Muchos hombres crecieron viendo a sus padres insultar o golpear a sus madres, y repiten ese patrón sin reconocerlo como maltrato.
“Cuando la agresión se aprende desde niño, se vuelve parte del lenguaje afectivo”, advierte.
En ese entorno, las mujeres soportan por miedo o dependencia, y los hijos aprenden que “amar y someter” pueden coexistir.
De esta manera, el machismo se convierte en una herencia emocional que, con los años, puede culminar en feminicidio.
Para el psiquiatra, cada feminicidio es también un fracaso del sistema de salud mental. El país carece de mecanismos de detección temprana, de psicólogos en hospitales y de programas educativos que enseñen a manejar emociones.
Insiste en que la prevención debe comenzar antes del golpe, antes del trauma, antes del crimen, mediante redes comunitarias con profesionales capacitados para intervenir en hogares, escuelas e iglesias.
“La verdadera prevención del feminicidio comienza en la niñez, cuando se enseña a los niños que el respeto no se negocia”, afirma.
Ese aprendizaje temprano, afirma, es la primera vacuna contra el ciclo de dominio, maltrato y muerte que aún hiere a tantas familias dominicanas.
El doctor Vargas plantea que la prevención del feminicidio debe descansar sobre tres ejes complementarios:
- Educación emocional: enseñar a hombres y mujeres a identificar y gestionar sus emociones desde la infancia, sustituyendo el control por la empatía.
- Apoyo psicológico: crear redes comunitarias y servicios permanentes de atención y acompañamiento emocional.
- Justicia efectiva: garantizar respuestas rápidas del sistema judicial y protección real a las víctimas, evitando que la impunidad siga legitimando la violencia.
“Solo cuando esos tres pilares se integren la sociedad podrá pasar del lamento a la prevención real”, dice Vargas Lemonier.
Ni un huracán detiene feminicidios: Casos conmovieron el país
Fuente Policía Nacional.
La mañana lluviosa del viernes 24 de octubre, mientras el país se mantenía bajo las primeras alertas por la trayectoria del huracán Melissa, un nuevo feminicidio estremeció al sector Guachupita, en el Distrito Nacional.
A las 8:05 de la mañana, la Policía Nacional recibió el aviso de que una joven había sido hallada muerta dentro de una humilde vivienda en la calle Francisco del Rosario Sánchez, callejón La Pascoleta (o La Cacata).
La víctima fue identificada como Elianny Rodríguez Puello, de 21 años, quien murió a causa de múltiples heridas de arma blanca infligidas por su pareja José Luis Viloria de Jesús, de 29 años, según el informe del Departamento de Investigación de Homicidios.
Las autoridades policiales describieron el hecho como resultado de “problemas pasionales”. Viloria, según reporte, intentó suicidarse con la misma arma tras el ataque y fue trasladado con heridas al Hospital Doctor Francisco Moscoso Puello, donde permanece recibiendo atención médica.
De acuerdo con la fiscal Vidalis Mora, la joven había buscado minutos antes refugio en casa de un vecino, temerosa por la agresividad del imputado, pero regresó a su vivienda, donde fue atacada.
El Ministerio Público calificó el hecho como homicidio voluntario, en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Armas y Municiones. La audiencia de medida de coerción fue aplazada para el 31 de octubre, debido a que el agresor continúa hospitalizado tras su intento de suicidio.
En San Cristóbal, la desaparición de Lisset Melenciano Tejada, reportada por su familia el 7 de octubre de 2025, derivó en una investigación que terminó revelando uno de los casos de violencia más estremecedores del año.
Según el Ministerio Público, la mujer fue vista por última vez el 5 de octubre, cuando salió de la casa de su madre hacia la vivienda que compartía con su pareja, Rodolfo Antonio Ramírez Ramírez (El Barbero), en la comunidad de Canastica. Días después, el imputado fue arrestado y un tribunal le impuso prisión preventiva por su vinculación con el crimen. La Fiscalía recordó que Ramírez ya tenía antecedentes de violencia y había sido procesado meses antes por agresión a una expareja y a un menor de edad.
Detrás del caso quedó una historia de desamparo, pues Lisset era madre de seis hijos, entre ellos un niño con autismo que dependía totalmente de ella. Trabajaba limpiando casas y realizando oficios para sostenerlos, enfrentando la precariedad y la falta de apoyo institucional.
Y la tensión se fue elevando con otro caso. La tranquilidad del domingo 13 de octubre en un sector de clase media del Distrito Nacional fue interrumpida. En una residencia del El Milloncito, Nelson Féliz Miranda Hermida, de 79 años, mató a su esposa Mayra Martínez Romero, de 65, y a su suegra Doris Romero, de 86, antes de quitarse la vida, según el parte policial.
Días después se reveló, con reseña del desaparecido periódico La Noticia que había sido condenado en 1978 por el asesinato de su primera esposa (el 28 de diciembre de ese año), un antecedente que encendió las alarmas sobre la falta de control a agresores reincidentes.
El doble feminicidio sacudió al país y dejó al descubierto las grietas de un sistema que sigue sin prevenir a tiempo, incluso en vecindarios donde nadie percibe las señales. No fue un hecho aislado, sino otro reflejo del círculo de impunidad y silencio que permite que la violencia se repita, incluso en los hogares donde nunca se piensa que puede llegar. Los vecinos describieron al agresor como un hombre afable y se sorprendieron con la tragedia. En programas radiales se emitieron comentarios posteriores, dirigidos a desacreditar a la mujer, una especie indirecta de defensa de su verdugo.
Gráfico: Elaboración propia.
El Ministerio Público ha mantenido, en los días recientes, reportes frecuentes de condenas a hombres por feminicidios:
CASOS Y CONDENAS
-Caso: Feminicidio de mujer embarazada.
Víctima: Eduarda Díaz Guzmán.
Condena: 30 años de prisión a José Osvaldo Cuevas (el Compa).
Lugar: San Cristóbal (sector La Conga, Ingenio Nuevo).
-Caso: Violencia intrafamiliar agravada.
Víctima: Pareja, dos hijos y suegra.
Condena: 8 años de prisión a Candelario Beltré Ciprián (Carlito).
Lugar: Monte Plata.
-Caso: Tentativa de homicidio y violencia agravada.
Víctima: Expareja y exsuegra.
Condena: 20 años de prisión a Raúl Peña Marte.
Lugar: La Vega (Jima Abajo).
-Caso: Homicidio de mujer.
Víctima: No identificada (violencia extrema).
Condena: 12 años de prisión a Jhoan Manuel Soto Frías.
Lugar: La Vega (Junumucú, distrito municipal Rincón).
-Caso: Feminicidio e incendio de vivienda.
Víctima: Elianny Ironelis Cruz.
Condena: 30 años de prisión a Tony Augusto Jiménez Faña.
Lugar: María Trinidad Sánchez (Bella Vista de Boba, Nagua–Cabrera).
-Caso: Asesinato de adolescente contactada por redes sociales.
Víctima: Adolescente de 17 años.
Condena: 20 años de prisión a Bryan Michael Joseph Guerrero (MP apelará a 30).
Lugar: La Romana / cuerpo hallado en carretera Miches–Pedro Sánchez, El Seibo.
Gráfico: Elaboración propia.
Importante coyuntura
Los hechos han demostrado que solo la voluntad no es suficiente: se necesita la asignación de más presupuesto para una atención integral que incluya acceso a servicios médicos, psicosociales y jurídicos, así como apoyo económico.
La coyuntura es importante, pues además de la ministra de la Mujer, ocupan cargos relevantes dos mujeres en áreas neurálgicas del Estado: la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso Gómez, y la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano.
El rol que desempeñan no solo fortalece la representación femenina en espacios de poder, sino que también plantea el reto de traducir esa incidencia ante las expectativas del cumplimiento efectivo de las políticas públicas y en hacer realidad compromisos aún pendientes en materia de prevención y protección frente a la violencia de género.
Mientras las denuncias crecen, las respuestas institucionales siguen fragmentadas.
Los números no solo confirman la persistencia del problema, sino también la falla estructural del Estado en articular políticas de prevención, protección y justicia con base en información unificada.
Cada vez que matan a una mujer, queda una herida colectiva. Los mecanismos de protección están creados. Muchos sectores de la sociedad están anhelando que no se escuche un grito más de dolor.
Fuente: Elaboración propia.
NOTA DEL EDITOR
La investigación SOS para salvar vidas de mujeres fue publicada el lunes 6 de octubre de 2025 por Aplatanao News y actualizada el día 29 del mismo mes, incorporando nuevos datos del Ministerio de Salud Pública, entrevistas a especialistas en salud mental y datos de la justicia.
Impacto nacional e internacional de SOS para salvar vidas de mujeres
La agencia internacional EFE se hizo eco de la investigación SOS para salvar vidas de mujeres, destacando su repercusión nacional e internacional al documentar la magnitud de los feminicidios en la República Dominicana y las fallas en los mecanismos de prevención. La cobertura internacional incluyó también a medios como Yahoo Noticias, Primera Hora (Puerto Rico) y la agencia suiza SWI swissinfo.ch, que difundieron extractos y datos del reportaje en sus plataformas informativas.
Gracias @mariaelenanb por tu valioso comentario en @SoldelaMananaRD
sobre nuestra investigación “Un SOS para salvar vidas de mujeres”.Tu voz y trayectoria en el tema tienen gran peso#Feminicidios #RD #ViolenciaDeGénero #AplatanaoNews https://t.co/vnZ1XR8pOp pic.twitter.com/Sv5hk62dfN
— Fernando Quiroz Mora (@fquirozmora) October 9, 2025
Tras su publicación, hubo reacciones del Congreso Nacional, la Iglesia Católica y diversos sectores sociales. En el ámbito legislativo, el viernes 13 de octubre fue presentada en la Cámara de Diputados la reforma integral “Déjala Ir”, y el lunes 16 las diputadas Carmen Ligia Barceló y Liz Adriana Mieses sometieron el proyecto de ley que crea el Registro Unificado de Personas con Antecedentes de Violencia Doméstica, Intrafamiliar y de Género Reincidentes, como parte de dicha reforma. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 70 diputadas y senadoras de distintos partidos.
Muy certero y valioso el comentario de la apreciada amiga @Miralba en @NosedigamasRD de @toplatinafm sobre nuestra investigación “SOS para salvar vidas de mujeres” para @aplatanaonews
Mi gratitud siempre#Feminicidios #Aplatanaohttps://t.co/vnZ1XR8XDX pic.twitter.com/UOUJDJF0mi
— Fernando Quiroz Mora (@fquirozmora) October 10, 2025
En el plano religioso, el semanario Camino, órgano oficial de la Iglesia Católica, dedicó su editorial del 19 de octubre de 2025 a advertir que “en el país se ha desatado una cacería contra las mujeres”, citando cifras y reflexiones que coincidieron con el debate nacional generado tras la divulgación del reportaje.
La discusión también se amplió en medios nacionales como Diario Libre, El Día, El Nuevo Diario, El Demócrata, El Nacional, entre otros, que publicaron la versión distribuida por EFE. El tema fue además abordado en universidades y espacios comunitarios, donde especialistas y actores sociales discutieron las causas estructurales de la violencia y la necesidad de políticas públicas más efectivas.
Gracias a Francisco Tavárez por el apoyo a “Un SOS para salvar vidas de mujeres”
📊 Investigación de Fernando Quiroz para @AplatanaoNews, junto a @eldemocratard y @elnuevodiariord#NiUnaMenos #ViolenciaDeGénero #AplatanaoNews https://t.co/UiwjR9oqMY pic.twitter.com/XshfTWjdv6
— Aplatanao News (@AplatanaoNews) October 11, 2025
Autor
Fernando Quiroz Mora (Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, 1977) es periodista, documentalista, guionista, productor de televisión y máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital, con más de 25 años de trayectoria. Inició su carrera en el periódico Hoy, donde permaneció una década (1998-2008), y fue editor de Listín Diario por siete años, hasta 2014. Ha colaborado con medios como Diario Libre, El Nuevo Diario, El Caribe y El Día.
Ganador del Premio de Periodismo Rafael Herrera (2010), otorgado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), por la serie Enamorados de un puro ideal (Listín Diario) sobre los expedicionarios de junio de 1959, y del Premio Soberano 2014 al Mejor Especial de Televisión por su documental Las Expediciones de Junio.
Es fundador —junto a su esposa, Iranna Flaviá Luciano— del periódico digital Aplatanao News (2017), reconocido ese mismo año con el Premio Nacional a Mejor Nuevo Medio Digital del Observatorio Nacional de Medios Digitales, y en 2019 con el Premio a Mejor Reportaje por A 58 años de la noche que mataron al dictador Trujillo.
Quiroz es activista de los derechos humanos, comprometido con la promoción de la justicia social, la inclusión y el fortalecimiento de políticas públicas en favor de poblaciones vulnerables.
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