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Colectivo Migración y Derechos Humanos denuncia retrocesos en derechos, economía y salud a seis meses de las medidas migratorias de Abinader
Propone la “prohibición de deportaciones colectivas y perfilamiento racial”.
Santo Domingo.- A seis meses de la implementación y profundización de las medidas migratorias dispuestas por el Gobierno del presidente Luis Abinader, el Colectivo Migración y Derechos Humanos de la República Dominicana presentó un balance que advierte sobre violaciones a derechos fundamentales, impactos económicos negativos y riesgos sanitarios para toda la población.
La organización reclama regularización, formalización laboral y transparencia, y rechaza las propuestas oficiales que limitarían la movilidad interna de personas migrantes.
“El país necesita una política migratoria humana, organizada y sostenible: regularizar, formalizar e integrar, no castigar y precarizar”, afirmó el Colectivo en su comunicado.
El balance recoge denuncias de detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y malos tratos, incluidas agresiones sexuales durante operativos. Señala además obstáculos al debido proceso, falta de información y separaciones familiares con impactos diferenciados sobre mujeres, niñas y niños.
El Colectivo responsabiliza a la Dirección General de Migración (DGM) por operativos opacos que alimentan circuitos de corrupción: cobros para evitar deportaciones, pagos para reingresar tras expulsiones y otras exacciones en las que, según denuncian, participan agentes estatales. Estas prácticas, advierten, erosionan la confianza pública y deterioran la imagen internacional del país.
En el ámbito político-institucional, la organización critica el uso discrecional del Consejo Económico y Social (CES), señalando cambios metodológicos y una presunta capacidad de veto a actores no contemplados en su composición original. A juicio del Colectivo, estas maniobras distorsionan la representación y debilitan los canales legítimos de participación. Reclama reglas claras y previsibles, deliberación plural y rendición de cuentas en toda decisión migratoria o de seguridad fronteriza.
Golpe a la economía real
El sector construcción, altamente dependiente de mano de obra migrante, registró una caída interanual en la primera mitad de 2025, en contraste con 2024, cuando fue motor del crecimiento.
Aunque el Ejecutivo reformuló el presupuesto para elevar el gasto de capital, el Colectivo advierte que esto no bastará sin reglas que permitan contratar mano de obra regularizada y romper el círculo de informalidad que afecta productividad, seguridad social y encadenamientos industriales.
Según la organización, la experiencia regional demuestra que la formalización de trabajadores migrantes incrementa productividad, recaudación y estabilidad sectorial. Sin vías de regularización funcionales, el país pierde competitividad.
Riesgos sanitarios y derechos reproductivos
El Colectivo alertó sobre el efecto disuasorio de los protocolos hospitalarios aplicados a población migrante, que han provocado caídas en la demanda de servicios de salud. Exponer a pacientes a la posibilidad de deportación tras recibir atención médica, sostienen, vulnera el derecho a la salud y pone en riesgo la protección colectiva frente a enfermedades prevenibles.
La situación es especialmente grave para la vacunación infantil y para mujeres embarazadas, parturientas y puérperas. La organización exige acceso universal sin discriminación, coherente con las metas oficiales de inmunización y los estándares internacionales de derechos humanos.
Retroceso
De acuerdo al reporte, en la última semana, la DGM informó que evalúa incluir en los documentos de residencia la zona geográfica y el sector laboral donde las personas extranjeras estarían autorizadas a trabajar y transitar, restringiendo su movilidad interna.
El Colectivo considera que esta medida viola el artículo 41 de la Constitución Dominicana. Atar el permiso de trabajo a un territorio o sector específico, subrayan, reduce el poder de negociación, facilita abusos y represalias, y promueve la retención de documentos.
Además, advierten, desincentiva la movilidad laboral eficiente, clave para cubrir vacantes, afectando la productividad, los salarios y los aportes a la seguridad social.
La organización pide archivar cualquier iniciativa de este tipo y abrir un proceso de consulta pública.
Cuellos de botella e impacto reputacional
El énfasis punitivo, los trámites restrictivos y las expulsiones masivas han creado cuellos de botella para empleadores, trabajadores y familias, ampliando la informalidad y la vulnerabilidad.
Paralelamente, las denuncias reiteradas de corrupción obligan al Estado, según el Colectivo, a investigar, sancionar y transparentar el gasto de los operativos, con trazabilidad, control externo y auditoría social.
Cuatro medidas para corregir el rumbo
- Derechos y debido proceso: identificación, información y defensa efectiva; prohibición de deportaciones colectivas y perfilamiento racial; protección reforzada a niñas, niños y adolescentes; no aprehensión de gestantes y puérperas en servicios de salud.
- Regularización laboral y seguridad social: vías ágiles para contratación formal en construcción, agricultura y trabajo doméstico; desvincular el estatus laboral de un territorio o empleador; inspección laboral y canales de denuncia seguros.
- Acceso sanitario universal: revisión de protocolos; vacunación sin barreras para infancia y grupos de riesgo; coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud.
- Transparencia y control: publicación de costos, criterios y evaluaciones; deliberación plural y sin vetos; registro migratorio interoperable con protección de datos y monitoreo independiente.
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