Ese invento no procede
La Cuartilla
Néstor Medrano
Creo con mucha convicción que modificar la ley para que la Junta Central Electoral y el Tribunal Constitucional, dos de nuestras instituciones más sólidas y emblemáticas, queden fuera del municipio Santo Domingo Oeste y dentro del Distrito Nacional, sería un desaguisado.
Más que un desaguisado, un error de enormes proporciones. Además envía un inadecuado mensaje de desdén o rechazo a ese municipio de la provincia Santo Domingo, en cuyas delimitaciones se encuentran ubicadas esas instituciones vitales para nuestra democracia y nuestro ordenamiento jurídico e institucional.
Cuando se formó la provincia Santo Domingo, fue estructurada una nueva burocracia con otros municipios, cada uno de los cuales contó con un nuevo presupuesto y una consolidación de áreas y jurisdicciones que hoy forman parte de su armazón de vida cívica y urbana.
En la ocasión los debates fueron intensos, se gastaron muchas energías y recursos y al final de cuentas todo quedó bien librado. El planteamiento entonces, hoy en día, sobre el Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral constituye un elemento más de posibles tensiones en el ánimo de la gente.
Ambas entidades están localizadas en el borde o frontera Distrito Nacional Santo Domingo Oeste, limitando esta demarcación con la avenida Gregorio Luperón. La separación inmediata es con Herrera, pujante sector formado por un amplio grupo de barrios, que se han forjado a lo largo de décadas.
Pero más próximamente tiene un símbolo crucial en el contexto de nuestras instituciones de connotación patriótica: la Plaza de la Bandera. Y unos pasos más allá el Ministerio de Defensa y sectores de clase media alta del Distrito Nacional, como Los Restauradores, Alameda, Las Praderas, y otras urbanizaciones.
Se puede decir que están en zonas céntricas del casco urbano, y si se quiere, una zona privilegiada, porque allí coincide en ubicación la llamada Zona Industrial de Herrera.
De modo que los distinguidos magistrados Milton Ray Guevara y Julio César Castaños Guzmán, de los más brillantes juristas del país y por ende, con una consagrada presencia en la vida institucional del país, tienen la suficiente entereza y sensatez para analizar mejor una propuesta de ese tipo.
Hay que trabajar con todo un esfuerzo titánico en desbrozar la madeja compleja de las elecciones del 2020, en el caso de la Junta Central Electoral, cuya capacidad técnica nadie está en capacidad de cuestionar. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional tiene muchos retos por delante. Es mejor dedicarnos a construir sobre aspectos vitales que beneficien a la ciudadanía.
