República Dominicana y Colombia crean equipo conjunto contra la trata de personas

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso y la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón acuerdan la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para optimizar las herramientas de cooperación jurídica internacional.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de su estrategia para optimizar las herramientas de cooperación jurídica internacional y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, la Procuraduría General de la República (PGR) firmó con la Fiscalía General de la Nación de Colombia un acuerdo para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), ajustado a la Convención de Palermo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al ordenamiento jurídico penal de ambos países.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, rubricaron el documento durante un acto que contó con la participación de sus respectivos equipos de trabajo.

Yeni Berenice Reynoso agradeció el impulso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a convenios internacionales que propician un mundo mucho más seguro, “donde la protección a las personas, como es el objetivo de este equipo conjunto de investigación, sea una realidad”.

“Para la República Dominicana, y sé que también para Colombia, esta firma de equipo conjunto de investigación tiene algo especial: es una firma que tiene su plan operativo incluido”, indicó, al resaltar el altísimo compromiso de ambos países para mantener una cooperación oportuna.

Reynoso resaltó que la República Dominicana, que ya estableció un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile, seguirá haciendo un uso eficiente de esa herramienta puesta por la Convención de Palermo a disposición de las fiscalías del mundo para combatir delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico de migrantes.

Sostuvo que el delito de trata de personas lacera profundamente la dignidad humana. “Es un delito que tiene como objetivo comercializar seres humanos”, dijo.

“Tal y como hemos afirmado en la CITIM (Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes), que preside nuestra Cancillería, la trata de personas es un delito de alta prioridad para nuestra gestión”, sostuvo.

“Cuando un ser humano es objeto de comercialización y sometido a tratos que son más propios de la esclavitud, es un delito, reitero, que requiere una mirada holística y siempre una atención especial”, reflexionó Reynoso.

En ese sentido, sostuvo que “tenemos la obligación ética y legal de trabajar para alcanzar objetivos estratégicos de alto impacto en la vida de millones de personas, en este caso, colombianos y dominicanos, así como de otras nacionalidades que vienen a vivir a nuestros países”.

Mientras, Camargo Garzón resaltó que se trata del ECI número 18 creado por Colombia con distintas naciones signatarias de la Convención de Palermo.

“Quiero empezar por celebrar la posibilidad de que lleguemos a acuerdos concretos para el intercambio de información sobre un tema tan importante como el que nos convoca hoy, que trabaja directamente contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, un flagelo que tiene agobiada no solo a nuestra región”, dijo.

Recordó que el flagelo de la trata, que afecta a países de la región, tiene una gran repercusión en distintas naciones de Europa.

“Hemos encontrado que, definitivamente, en delitos transnacionales, la lucha tiene que ser a través de instrumentos como este, que nos permitan realizar un intercambio ordenado e informado; un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también desarrollar programas conjuntos de investigación”, indicó.

“No basta solo con que busquemos un instrumento que sea el vehículo para intercambiar información, sino que es necesario que también, al lado o alrededor del tema que nos convoca, podamos compartir experiencias metodológicas sobre cómo desarrollamos nuestras investigaciones y fortalecernos mutuamente a través de las buenas experiencias que tiene la República Dominicana, en este caso, y las que tiene Colombia”, resaltó.

Camargo Garzón sostuvo que Colombia tiene una dedicación especial al tema de la persecución de las finanzas criminales, “no entendidas solo como rentas criminales, sino también como aquello que permite que una organización pueda movilizar, por ejemplo, a un grupo de mujeres desde Colombia hasta República Dominicana”.

“Porque eso supone una movilización de dinero que podemos y debemos alcanzar si seguimos las enseñanzas de Falcone, muy sencillas: sigue el dinero, sigue la ruta del dinero”, añadió.

El acto de firma del convenio contó con la presencia del embajador Rubén Silié, viceministro de Política Exterior Multilateral de la República Dominicana, y de José David Moreno, encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Santo Domingo.

A Yeni Berenice Reynoso la acompañaron el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos; la procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), quien ejecuta la cooperación, y la procuradora de corte Danissa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos y de la Unidad de Reinserción de Repatriados.

Mientras, la fiscal general Camargo Garzón estuvo acompañada por María Milena Méndez Moreno, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia, y Dayana Blanco, directora especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Por la UNODC estuvieron Juan Daniel Ruiz, coordinador de Proyectos de la Oficina Regional, y Lissette Reyes, coordinadora de Proyectos de la Oficina para Centroamérica y el Caribe de la UNODC.

Lissette Reyes resaltó la disposición de la actual gestión de la Procuraduría General de la República para que el país pueda crear equipos conjuntos de investigación bajo los términos de la Convención de Palermo.

Recordó que, desde junio del año pasado, la República Dominicana y Colombia reforzaron sus esfuerzos de colaboración en la lucha contra delitos como la trata de personas.

También agradeció el apoyo de los países donantes para hacer operativa la Convención de Palermo a través de iniciativas como el Proyecto Turquesa, del Gobierno de Canadá, y el Proyecto Paz de Colombia, financiado por la Unión Europea.

El convenio

El artículo 161 de la ley que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana (núm. 97-25, del 7 de diciembre de 2025) establece, sobre las investigaciones conjuntas:

“El Ministerio Público puede coordinar la investigación con las autoridades encargadas del Estado interesado, pudiendo formarse a tales efectos equipos de investigación, dirigidos por el Ministerio Público y sometidos al control de los jueces”.

El Equipo Conjunto de Investigación establecido mediante el convenio entre el Ministerio Público de República Dominicana y la Fiscalía General de Colombia, que cuenta con la cooperación y el apoyo logístico de la UNODC, permitirá crear una mayor sinergia y cooperación entre los fiscales dominicanos y colombianos para combatir con más efectividad la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, los delitos económicos y la corrupción.

Con el ECI, ambos países podrán establecer un marco de cooperación y coordinación oportuna para enfrentar casos concretos de criminalidad.

El equipo se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), de la que Colombia y República Dominicana se hicieron signatarias durante la conferencia celebrada por la ONU en el Palacio de Justicia de Palermo, Italia, entre el 12 y el 15 de diciembre de 2000.

Colombia ratificó la Convención de Palermo el 4 de agosto de 2004 y la República Dominicana, el 26 de octubre de 2006.

Amparados en ese instrumento de cooperación internacional de la ONU y siguiendo los protocolos de sus respectivos ordenamientos procesales penales, ambos países habilitan, mediante el ECI, el intercambio directo de evidencia física y elementos materiales probatorios, la ejecución conjunta de medidas procesales y la coordinación directa de las investigaciones.

Fuente: Dirección General de Comunicación, Prensa y RR. PP.
Ministerio Público de República Dominicana