Poder Judicial revela abandono de procesos por miedo e inseguridad en mujeres víctimas de violencia

• Un análisis de sentencias 2020–2024 confirma violencia ejercida incluso “hasta con los dientes” y detalla que solo el 10% de los imputados admite los hechos, mientras un 5% los justifica, un 15% los niega, otro 15% pide perdón, un 40% guarda silencio y un 15% declara en su defensa.
• Propone crear un sistema de acompañamiento psicológico, jurídico y social permanente que respalde a las víctimas

Santo Domingo.- El Poder Judicial dominicano presentó el estudio Análisis de Sentencias Judiciales de República Dominicana en Delitos de Violencia de Género e Intrafamiliar, Tortura o Barbarie y Ciberviolencia (2020–2024), iniciativa orientada a fortalecer la investigación de las decisiones judiciales y la formación jurídica con enfoque de derechos humanos y género.

El análisis revela que, aunque la mayoría de los casos concluyen en condenas, muchas mujeres no logran sostener los procesos judiciales debido al miedo, la inseguridad o la presión emocional asociada a la violencia vivida, lo que evidencia un preocupante patrón de abandono y fragilidad procesal.

El estudio confirma que la violencia ocurre mayoritariamente en el hogar, espacio que debería ser seguro pero que se convierte en el escenario más frecuente de agresión. La mayoría de los hechos son cometidos por exparejas, seguidas de parejas actuales o familiares cercanos, lo que demuestra que el ciclo de violencia se desarrolla dentro de relaciones marcadas por dependencia, poder y control. Los motivos más comunes incluyen la no aceptación de la separación, el enojo al no poder dominar la situación y los celos, reforzando que se trata de un patrón sostenido y no de episodios aislados.

Ante la frecuente retirada de querellas, el estudio propone crear un sistema de acompañamiento psicológico, jurídico y social permanente que respalde a las víctimas antes, durante y después del proceso penal, con protección personal y familiar, seguimiento interinstitucional y apoyo para evitar la revictimización

La investigación describe además la brutalidad con la que se ejercen estas agresiones: los hombres utilizan su fuerza física e incluso los dientes, además de objetos contundentes, siendo las armas blancas el método de ataque más frecuente, seguidas por insultos, palabras hirientes y amenazas de muerte destinadas a infundir miedo.

En cuanto a la actitud frente al proceso judicial, solo el 10% admite los hechos y un 5% los justifica; mientras que el 15% los niega, otro 15% pide perdón, un 40% guarda silencio y un 15% declara en su defensa.

Realización de estudio

El estudio fue realizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, presidida por la magistrada Nancy Salcedo, y coordinado por la jueza Natividad Ramona Santos, de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Para el análisis se conformaron grupos de trabajo integrados por juezas y jueces de las Subcomisiones Departamentales de Género, quienes evaluaron sentencias emitidas conforme a los artículos 309.1 y 303 del Código Penal, así como casos contemplados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En el período estudiado se analizaron 20 sentencias de violencia de género, de las cuales 17 fueron condenatorias y tres absolutorias; estas últimas asociadas a la no comparecencia de la víctima en dos casos y a la abstención de declarar en uno. En materia de tortura o barbarie se evaluaron 12 sentencias, con nueve condenas y tres absoluciones, y penas que oscilaron entre cinco y treinta años de prisión. En ciberviolencia solo se registraron cinco sentencias definitivas, debido a que en estos procesos las víctimas suelen desistir antes del juicio de fondo; las condenas variaron entre seis meses y veinte años, con tres sanciones suspendidas.

Hallazgo métodos violencia

El análisis determinó que los agresores emplean diversos métodos y niveles de violencia, desde golpes directos, mordidas y objetos contundentes, hasta el uso de armas blancas, además de agresiones verbales, humillaciones y amenazas de muerte. Los motivos identificados —no aceptación de la ruptura, ira por perder control y celos— suelen coexistir, lo que refuerza la complejidad del fenómeno.

Por otro lado, se identificó la concurrencia de varios tipos penales y agravantes en cada caso, como lesiones, amenazas, violación y agresión sexual, actos de tortura o barbarie, que amplifican el daño ocasionado a las víctimas y la complejidad de los procesos, lo cual demanda mayor atención en el trabajo de probanza por parte de los acusadores, allanando además el trabajo de jueces y juezas en los enjuiciamientos, y así evitar impunidad en los procesos.

En conclusión, el estudio confirma que la República Dominicana ha logrado avances importantes en la sanción de los delitos de violencia de género contra la mujer, actos de tortura o barbarie y ciber violencia, así como en la visualización institucional del fenómeno de las violencias contra la mujer.

Sin embargo, se indica que aún persiste el reto de garantizar una mayor incorporación de los instrumentos internacionales y la perspectiva de género, y por otro lado, que se asegure el acompañamiento integral de las víctimas.

RECOMENDACIONES 

• Armonizar la legislación para fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres.
• Crear o reformar leyes integrales que tipifiquen con claridad todas las formas de violencia: digital, económica, simbólica y vicaria.
• Aprobar una ley integral de protección a las víctimas, que incluya acompañamiento psicológico, laboral, educativo, social y apoyo económico.
• Incorporar expresamente el Corpus Iuris Internacional en las sentencias, citando CEDAW, Belém do Pará, la Convención contra la Tortura y el Convenio de Budapest.
• Armonizar estos instrumentos internacionales con la Constitución y el derecho interno, aplicando control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad.
• Crear protocolos de motivación judicial y un manual de buenas prácticas para garantizar sentencias con perspectiva de género y derechos humanos.
• Mantener programas de formación continua para jueces, fiscales, personal jurisdiccional y de apoyo, incluyendo talleres prácticos de redacción de sentencias.
• Reforzar el marco jurídico vigente, corrigiendo vacíos en la ley de ciberviolencia y en el artículo 303 del Código Penal que obstaculizan la penalización.

EJES DEL ESTUDIO

1. Violencia concentrada en el hogar.
2. Agresores: parejas, exparejas y familiares cercanos.
3. Patrones de control, poder y desigualdad.
4. Resultados judiciales y abandono de procesos por inseguridad.
5. Modus operandi violento y recomendaciones para reforma legal