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Causas y consecuencias de Ueno Bank: la crisis que derribó al presidente de Paraguay
La crisis alcanzó directamente al presidente Santiago Peña por sus relaciones anteriores con el grupo empresarial asociado al banco.
Lujos, bóveda secreta y advertencias ignoradas de funcionario del Banco Central que documentó operaciones crediticias cuestionadas en Ueno.
Paraguay.- La intervención de una entidad financiera con casi tres millones de clientes desató protestas, un juicio político y la destitución de Santiago Peña, quien permanece bajo prisión preventiva mientras avanza una investigación penal. Pedro Alliana asumió la Presidencia, en medio de las gestiones para recuperar cientos de millones de dólares de fondos públicos, incluidas reservas destinadas a jubilaciones.
La caída de Ueno Bank, una entidad financiera que había experimentado una rápida expansión en Paraguay, terminó convirtiéndose en una crisis política que provocó la destitución del presidente Santiago Peña, el 6 de noviembre de 2026. La intervención bancaria, las denuncias sobre el manejo de fondos estatales y los antiguos vínculos empresariales del mandatario con el grupo relacionado con la institución desencadenaron una sucesión de acontecimientos que alcanzó al Gobierno, al Congreso y al sistema judicial.
La magnitud del escándalo quedó al descubierto cuando se conoció que Ueno administraba aproximadamente 850 millones de dólares de instituciones públicas, además de los ahorros de una extensa cartera de clientes. Entre los recursos comprometidos figuraban unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar reservas destinadas a jubilaciones y otras prestaciones.
El caso puso bajo cuestionamiento las decisiones que permitieron concentrar importantes recursos públicos en una sola entidad, las modificaciones de las reglas de inversión y la actuación de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero. También abrió una investigación sobre posibles conflictos de intereses y beneficios particulares derivados de esas operaciones.
El origen de la crisis bancaria
El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el 2 de noviembre el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
La decisión se produjo tras ajustes realizados a los estados financieros de la entidad durante un proceso de regularización. El deterioro patrimonial obligó a activar los mecanismos previstos en la Ley 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de instituciones financieras.
La intervención afectó a numerosos clientes que utilizaban Ueno para administrar ahorros, recibir salarios y realizar pagos. El Banco Central insistió en que la situación correspondía a una entidad particular y no representaba una crisis generalizada del sistema bancario paraguayo.
Entre las operaciones investigadas aparecen créditos concedidos a empresas vinculadas al grupo controlador, deficiencias en la documentación financiera y una venta de cartera crediticia por 74,4 millones de dólares, posteriormente cuestionada por los supervisores.
Las investigaciones deberán determinar si estas operaciones contribuyeron al deterioro patrimonial y si existieron responsabilidades administrativas o penales.
Los fondos de los jubilados
Uno de los aspectos más delicados corresponde a las inversiones del Instituto de Previsión Social, que mantenía aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank, equivalentes a cerca del 9 % de su cartera.
No se trataba únicamente de cuentas destinadas al pago de pensiones. Una parte considerable correspondía a reservas financieras que respaldan las obligaciones presentes y futuras del sistema previsional.
Las autoridades del IPS defendieron inicialmente las colocaciones, alegando que se habían realizado mediante procedimientos técnicos y considerando los indicadores financieros publicados por los organismos supervisores.
Sin embargo, surgieron discrepancias sobre los límites de concentración de inversiones. La Superintendencia de Jubilaciones consideró que los distintos instrumentos financieros colocados en una misma entidad debían contabilizarse conjuntamente para evaluar el riesgo.
Tras la intervención, el IPS inició gestiones para recuperar sus recursos y proteger sus derechos como acreedor. La inmovilización de las inversiones no significa necesariamente que todo el dinero se haya perdido, aunque tampoco garantiza su recuperación íntegra.
Las decisiones que favorecieron las inversiones
Las colocaciones de fondos previsionales en Ueno habían sido cuestionadas antes del colapso bancario.
Investigaciones del diario paraguayo ABC Color documentaron modificaciones del reglamento de inversiones del IPS en noviembre de 2023 y noviembre de 2024, que alteraron determinados requisitos exigidos a las entidades financieras interesadas en recibir recursos.
Estos cambios coincidieron con un crecimiento considerable de las inversiones en Ueno, que pasaron de aproximadamente 80.000 millones de guaraníes a más de dos billones.
En agosto de 2024, el Consejo de Administración del IPS autorizó colocar hasta 250.000 millones de guaraníes en bonos financieros del banco, con vencimiento a siete años y una tasa de interés del 8 %.
El periódico también documentó una reunión entre Santiago Peña y el presidente del Consejo del IPS dos días antes de aquella aprobación.
La coincidencia temporal generó interrogantes, pero no demuestra por sí sola que el mandatario ordenara la operación. Tampoco se ha identificado un decreto presidencial específico que dispusiera directamente la transferencia de los fondos jubilatorios a Ueno.
Los vínculos empresariales de Peña
La crisis alcanzó directamente al presidente por sus relaciones anteriores con el grupo empresarial asociado al banco.
En su declaración patrimonial de 2023, Peña registró acciones en Ueno Holding valoradas en 6.144 millones de guaraníes. Reuters informó que mantuvo vínculos comerciales con el grupo propietario hasta marzo de 2025.
También quedó bajo cuestionamiento Carlos Carvallo, quien había dirigido Ueno antes de asumir la presidencia del Banco Central.
Carvallo renunció el 3 de noviembre, cuando comenzaba el procedimiento de resolución bancaria. Posteriormente fue detenido e imputado por presuntas irregularidades relacionadas con su actuación.
Las investigaciones buscan establecer si las relaciones entre empresarios, funcionarios y organismos estatales influyeron en las decisiones que permitieron mantener grandes cantidades de dinero público en Ueno.
Peña ha negado haber cometido irregularidades. Sus antiguos vínculos empresariales no constituyen, por sí solos, prueba de responsabilidad penal.
El juicio político y las 72 horas de defensa
El jueves 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos favorables y ninguno en contra la acusación para someter a Santiago Peña a juicio político.
El procedimiento, previsto en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, permite a la Cámara de Diputados formular acusaciones contra determinadas autoridades y al Senado decidir sobre su destitución.
Peña presentó su renuncia, pero el Congreso continuó el proceso.
Antes de comparecer ante el Senado, el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa. Alegó que el tiempo concedido era insuficiente para examinar las acusaciones y los documentos anexos.
La Cámara Alta rechazó la petición por 39 votos contra tres, con dos abstenciones y una ausencia.
Sus abogados cuestionaron el procedimiento y sostuvieron que algunas decisiones atribuidas al presidente correspondían a organismos con autonomía administrativa, como el Banco Central y el IPS.
La acusación parlamentaria consideró, en cambio, que Peña había incurrido en mal desempeño de sus funciones por actuaciones y omisiones relacionadas con la administración de recursos públicos.
El viernes 6 de noviembre, el Senado aprobó su destitución por unanimidad de los miembros presentes. La sesión concluyó a las 6:58 de la tarde, según el comunicado oficial de la Cámara Alta.
De la Presidencia a la prisión preventiva
La destitución dio paso a una nueva etapa judicial.
El sábado 7 de noviembre, Peña fue trasladado bajo custodia a la Fiscalía, donde prestó declaración en el marco de las investigaciones sobre Ueno Bank.
Posteriormente, un juez ordenó su prisión preventiva en una instalación militar.
El exmandatario enfrenta imputaciones por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La Fiscalía investiga si utilizó su posición para influir en decisiones de instituciones públicas que mantuvieron importantes recursos en el banco.
Peña se declaró inocente y su defensa anunció que colaborará con las investigaciones.
El domingo 8 de noviembre, fiscales y agentes policiales allanaron su vivienda de verano en San Bernardino, departamento de Cordillera, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.
La destitución política y el proceso penal constituyen procedimientos distintos. Las imputaciones deberán ser examinadas judicialmente y no equivalen a una sentencia condenatoria.
La devolución de depósitos y los recursos públicos
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades enfrentan la tarea de recuperar activos y devolver dinero a los depositantes.
El Congreso aprobó medidas para anticipar el pago de garantías de depósitos de hasta 40 salarios mínimos por cliente, mediante transferencias electrónicas y otros mecanismos.
El Banco Central informó posteriormente que había devuelto aproximadamente 160 millones de dólares a cerca de 1,2 millones de ahorristas.
Los desembolsos representan un avance, pero no resuelven todavía la situación de todos los clientes ni la recuperación de las inversiones de instituciones públicas.
La garantía bancaria tiene límites establecidos por ley. Los recursos que exceden la cobertura dependen de los procedimientos de resolución, la disponibilidad de activos y los derechos de los acreedores.
Investigaciones divulgadas el 8 de noviembre atribuyeron a las operaciones cuestionadas un presunto perjuicio superior a 809 millones de dólares. Esa estimación forma parte de las acusaciones y no constituye una pérdida definitivamente establecida.
Alliana asume y llegan las reacciones internacionales
El vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay el viernes 6 de noviembre, ante el Congreso Nacional, para completar el período constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028.
Entre sus primeras responsabilidades figura garantizar la continuidad de los servicios públicos, preservar la estabilidad financiera y responder a las preocupaciones de los asegurados y jubilados.
Las autoridades del IPS aseguraron que los pagos previstos para el 17 de noviembre se realizarían conforme al calendario.
Estados Unidos manifestó su disposición a trabajar con el nuevo Gobierno paraguayo y reiteró la importancia de las relaciones bilaterales.
República Dominicana también reafirmó su voluntad de mantener y fortalecer los vínculos de amistad y cooperación, expresando respeto por la institucionalidad democrática y la sucesión presidencial.
Las consecuencias de una crisis abierta
La caída de Ueno Bank ha dejado importantes consecuencias económicas, políticas e institucionales.
Los depositantes enfrentaron dificultades para acceder a sus ahorros, mientras las instituciones estatales debieron iniciar gestiones para proteger sus inversiones. Los organismos supervisores quedaron bajo cuestionamiento por las decisiones adoptadas antes de la intervención.
La crisis también ha afectado la confianza en la administración de recursos públicos y ha generado preocupación sobre la independencia de los controles financieros.
En el ámbito político, la destitución de Peña permitió la sucesión constitucional, pero no puso fin a las investigaciones ni a los reclamos de los afectados.
Quedan pendientes asuntos fundamentales: determinar cómo se concentraron cientos de millones de dólares públicos en Ueno, establecer por qué las advertencias regulatorias no impidieron su deterioro y esclarecer si funcionarios o empresarios incurrieron en actuaciones contrarias a la ley.
La recuperación de los fondos y el resultado de los procesos judiciales permitirán medir las consecuencias definitivas de una crisis bancaria que terminó por derribar al presidente de Paraguay.
Lujos, bóveda secreta y advertencias ignoradas
Avionetas, vehículos de lujo, viviendas y un yate figuran entre los bienes incautados por las autoridades paraguayas durante la investigación del colapso de Ueno Bank. Según EFE, los allanamientos incluyeron propiedades del empresario Miguel Vázquez, donde fueron encontrados automóviles Porsche, Bentley y Mercedes-Benz. En oficinas del grupo empresarial también fue descubierta una bóveda con documentos cuyo contenido permanece bajo investigación.
La Fiscalía allanó además la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, en San Bernardino, cuya construcción habría sido financiada parcialmente mediante préstamos de Ueno. Las autoridades investigan el origen de los recursos y posibles irregularidades financieras.
Otro antecedente corresponde a Fernando Rivarola, funcionario del Banco Central que documentó operaciones crediticias cuestionadas en Ueno. Mediante un decreto del 6 de julio de 2026, Peña dispuso su traslado a la Agencia Financiera de Desarrollo. Cuatro días después, Rivarola fechó un informe sobre las irregularidades detectadas.
Fuentes de referencia para la edición: Banco Central del Paraguay, Senado y Cámara de Diputados, Instituto de Previsión Social, Reuters, Associated Press y ABC Color. Las acusaciones penales y los montos de presunto perjuicio se presentan como materia de investigación, no como hechos judicialmente probados.
Fotos: EFE, BBC,.